La posibilidad de que la eventual reforma fiscal que promueve el gobierno para financiar el déficit del 2022 incluya aumentos al impuesto sobre la renta y grave las placas vehiculares con el uno por ciento del valor del automóvil desató el rechazo popular y de organizaciones civiles y legisladores que, antes establecer nuevos gravámenes, piden plan concreto para la reducción del gasto público.