Además, el expediente señala que se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia.

SANTO DOMINGO.- El juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, aplazó para el próximo jueves a las dos de la tarde la audiencia de conocimiento de revisión obligatoria de la medida de coerción contra los 12 implicados en el caso Coral 5G por motivos de tiempo.

Los abogados de los imputados tuvieron acceso a la palabra este martes, mientras que para el jueves quedan pendiente las conclusiones del Ministerio Público y las réplicas de los acusados.

En la audiencia de este martes el abogado Waldo Paulino, defensor de Boanerges Reyes Batista y Franklin Mata Flores, solicitó al juez Raymundo Mejía variar la medida de coerción de estos dos imputados en la Operación 5G, mientras que el abogado Félix Portes, quien representa a  la primer teniente Johanna Lucía Rodríguez Jiménez, quien guarda arresto domiciliario, explicó que el Ministerio Público presentó nuevas pruebas en contra de los 12 implicados  en el expediente.

Se recuerda que los implicados en el caso Coral 5G son los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD); el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Johanna Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

A todos se les acusa de participar en la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al encargado financiero de estas instituciones militares para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados. también se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado, indica la acusación del Ministerio Público.

Además, el expediente señala que se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia, valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y otras instituciones estatales.

Asimismo, nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.