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Nuevas directrices de deportaciones en EE.UU. abren oportunidades a inmigrantes

Nuevas directrices de deportaciones en EE.UU. abren oportunidades a inmigrantes
Nuevas directrices de deportaciones en EE.UU. abren oportunidades a inmigrantes

emigrantes

ATLANTA, Estados Unidos.- El reciente cambio en las directrices en deportaciones en EE.UU., que ya facilitaron la puesta en libertad de dos estudiantes indocumentados la pasada semana en Georgia, puede significar una luz de esperanza para otros inmigrantes, según expertos.

“Su liberación es una buena señal para otras personas que califiquen para el Dream Act, así como para quienes tienen un patrimonio importante en Estados Unidos”, declaró a Efe Charles H. Kuck, abogado de los dos jóvenes liberados y miembro de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO).

En el estado de Georgia hay actualmente más de 6.800 casos pendientes en cortes de inmigración, según las cifras más recientes del Departamento de Justicia, no obstante de acuerdo con Kuck, aún es difícil saber cuántas personas podrían beneficiarse con las nuevas directrices federales.

“El único problema es que todavía no sabemos qué criterio va a usar la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para revisar estos casos”, advirtió el abogado, que actualmente trabaja en cerca de una docena de ellos.

Luis Hernández, de 18 años, y Pedro Morales, 19, se convirtieron la pasada semana en las primeras personas con casos de inmigración pendientes en Georgia en ser puestas en libertad al utilizar como argumentos para desestimar su deportación las nuevas pautas federales.

Ambos jóvenes, que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, habían sido detenidos en retenes de tráfico separados a principios del verano y no tenían antecedentes penales.

En una declaración a Efe, ICE señaló que actualmente la agencia está “concentrada en la aplicación inteligente y efectiva de las leyes de inmigración que den prioridad a la remoción de criminales extranjeros que representen mayor riesgo para las comunidades, no en llevar a cabo barridas o redadas que tengan como objetivo (detener) inmigrantes indocumentados indiscriminadamente”.

El Departamento de Seguridad (DHS) anunció recientemente cambios en las directrices de su política de deportaciones, que daría prioridad a la expulsión de inmigrantes que hubiesen cometido delitos graves y se revisaría individualmente aquellos casos de personas que no representasen un peligro para la sociedad.

Asimismo, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, indicó que se revisaría “caso por caso” de las personas que actualmente estuvieran enfrentando un proceso de deportación en Estados Unidos.

Por su parte, el director de GALEO, Jerry González, se mostró decepcionado sobre el alcance de las nuevas directrices federales, que asegura no son lo suficientemente amplias.

“Este es un paso adelante, pero no se han solucionado todos los problemas, porque esta nueva política de la administración Obama solamente aplica para las personas que están en detención ahora, pero en el futuro no sabemos”, dijo a Efe González.

El activista negó que las nuevas directrices ofrezcan una “amnistía” a los indocumentados e indicó que éstas debieron ser implementadas desde mucho tiempo antes para evitar deportaciones injustas.

“Esto es simplemente el poder que tiene la administración de (Barack) Obama de determinar quién debe ser deportado y quién no en función de los recursos limitados que tienen y que le hemos pedido desde hace mucho tiempo que lo ejerza. Esto no es una amnistía”, aseveró el representante de GALEO.

González advirtió que pese a la implementación de los nuevos criterios, aún existen en el estado programas como el 287 (g) y Comunidades Seguras que implican un riesgo para los inmigrantes indocumentados.

“Ahora no significa que no tenemos problemas con Comunidades Seguras o el 287 (g), que son programas que creemos están siendo implementados en contra de la comunidad y esto tiene que cambiar”, dijo González.

El programa 287 (g) y Comunidades Seguras, ambos implementados en varios condados de Georgia, permiten a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de un detenido y entregarlo al ICE en caso de que esté ilegalmente en el país.

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