SANTO DOMINGO.- Las nuevas querellas presentadas tanto por el Estado como por entidades privadas contra varios de los implicados en la Operación Calamar no sólo amenaza con alargar y complicar el proceso judicial que ha sido retrasado en dos ocasiones.
La querella del Estado se basa en los mismos hechos que describe la Pepca en la solicitud de medida de coerción contra los detenidos en la Operación Calamar, y presenta como autores de esos delitos al ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, así como otras personas, algunos no implicados por el Ministerio Público y acusa a otras 19 como cómplices e incluye a los sucesores del fenecido Emilio Rivas como terceros civilmente responsables.
Según la querella presentada por el Estado el 5 de abril del año pasado, Fernando Crisóstomo manejaba los concesionarios para la expropiación de terrenos e identificaba los casos.
Señala además que hizo una estructura interinstitucional que involucraba a Bienes Nacionales, el CEA, la Contraloría, Oisoe y otras entidades del gobierno para agilizar procedimientos de reclamos, así como justificar y trabajar los expedientes seleccionados con la ayuda de contactos dentro de las instituciones, incluyendo altos directivos.
Detalla que Crisóstomo fue introducido al ex ministro de Hacienda por el empresario Ramón Emilio Jiménez, quienes junto al también empresario José Arturo Ureña, acordaron asociarse para hacer posible los requerimientos de Donald Guerrero a cambio de obtener una partida.
Además del Estado, los sucesores de la familia Gatón también se querellan contra Donald Guerrero y otros implicados en el caso, alegando que desde Hacienda se hicieron libramientos de pagos por 1,527 millones de pesos por el pago de terrenos que habían sido expropiados por el Estado, pero solo recibieron 300 millones.
Más temprano, dos hombres con una gorra morada con la insignia del PLD intentaron entrar al Palacio de Justicia, pero les fue retirado el objeto, lo que generó malestar entre estos.
Dicha acción forma parte de las medidas se seguridad que han sido reforzadas en esta sede judicial, tras los conflictos registrados con los militantes del partido morado.
Al lugar también acudieron familiares y abogados de los implicados.
En su querella el Estado pide la compensación de más de 26 mil millones de pesos por daños y perjuicios.