Las autoridades imponen la desigualdad. En la Comisión de Justicia de nuestra Cámara de Diputado descansa una propuesta de Código Penal que aumentaría la pena entre veinte y treinta años de prisión mayor al médico que cause o ayude a una mujer a abortar y como consecuencia la mujer muera.
El Código Penal vigente que sanciona a los médicos, enfermeras y farmacéuticos que causen o ayuden a causar un aborto con penas entre cuatro y diez años de prisión no ha logrado reducir las cifras de abortos, ni de muertes por abortos inseguros, por el contrario, continúan en aumento.
La penalización no reduce los abortos, aumenta la inseguridad y con ella las complicaciones y muertes por interrumpir el embarazo a espalda del Sistema de Salud.
Con el Código Penal actual los médicos están atados, no se atreven a interrumpir un embarazo aun cuando este ponga en riesgo la vida de la mujer. Se ven obligados a dejarle a la naturaleza o al destino la salud de la mujer, en contraposición con las pautas del ejercicio médico.
El manejo de la enfermedad de Esperancita, la menor de edad embarazada con leucemia que se le pospuso la quimioterapia, se le negó el aborto y falleció, evidencia lo que significa ser mujer pobre y llegar a un hospital del Estado.
Esperancita murió desangrada, las autoridades afirman que sangraba por la vagina. La quimioterapia le produjo un aborto espontaneo. Si el aborto se hubiese programado quizás no muere por un sangrado vaginal.
Si Esperancita hubiese llegado a una clínica del polígono central seguro se le hubiese interrumpido el embarazo y se le hubiese dado la quimioterapia adecuada y oportuna con el único objetivo de intentar salvar su vida. Esperancita murió por ser pobre, la mato nuestra legislación.
Las inaceptables cifras de mortalidad materna es la enagua que se le sale al Sistema de Salud. Los abortos inseguros son una de las causas de mortalidad materna. Aumentar la pena es aumentar la inseguridad.
¿Cuándo nuestro Congreso dejara de legislar a espaldas de la población, a espaldas de las mujeres?
Todas las mujeres, tienen derecho a disponer de su cuerpo, del instrumento con el que tocan la vida; incluso las más pobres y de hecho lo intentan aunque pongan en riesgo su vida o mueran.
Las políticas que intentan controlar el cuerpo de las mujeres son tan misóginas como el hombre que roció ácido muriático en la vagina de una joven.
En el discurso las autoridades se proponen reducir la mortalidad materna. Ojalá creerles. Por sus hechos los conoceréis.
@lillianfondeur