Tras denuncias de vicios procesales y errores en la sentencia, la Corte de Apelación decidió que Elizabeth Silverio enfrente un nuevo juicio por ejercer la neurociencia sin títulos válidos.
La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló este viernes la sentencia que condenaba a siete años de prisión a Elizabeth Silverio, acusada de ejercer la neurociencia sin contar con títulos académicos válidos, y dispuso la celebración de un nuevo juicio.
Según la resolución leída por el tribunal, la condena contenía “errores en la aplicación de normas jurídicas, una valoración incorrecta de las pruebas y falta de motivación suficiente en sus fundamentos”, razones por las cuales la Corte ordenó que el proceso sea conocido nuevamente por otro tribunal de igual jerarquía.
El expediente será remitido a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para que se asigne un nuevo tribunal que conocerá el caso desde la etapa de juicio.
Con esta decisión, Silverio tendrá la posibilidad de volver a presentar las pruebas y argumentos que, según su defensa, demuestran su inocencia. El nuevo juicio implicará que otro tribunal escuche de nuevo a las partes, examine las evidencias y emita una nueva sentencia, que podrá ser absolutoria o condenatoria.
Aunque había sido condenada, Silverio no cumplía prisión debido a que el artículo 441 del Código Procesal Penal permite la suspensión de una condena mientras el acusado recurre en apelación, recurso que interpuso desde finales de 2024.
Elizabeth Silverio fue acusada de ejercer funciones en el campo de la neurociencia y la psicología sin contar con títulos académicos válidos, luego de que una investigación del Ministerio de Educación y del Ministerio Público revelara que los documentos presentados por ella eran falsos.
La condena anulada la señalaba de haber realizado evaluaciones y diagnósticos a menores con trastornos de conducta y del desarrollo en el centro Knowledge Land Kogland, ubicado en el sector de Gascue, el cual fue clausurado tras destaparse el escándalo.
El caso generó amplio debate público sobre la regulación del ejercicio profesional en áreas sensibles como la salud mental infantil y la responsabilidad de las instituciones educativas y sanitarias en la verificación de credenciales.