La Unión de Libertades Civiles (ACLU) que representó a los manifestantes, periodistas, observadores legales y transeúntes afectados y la ciudad llegaron a un acuerdo «histórico» que fue anunciado hoy por la organización.
«Ningún manifestante que esté ejerciendo su derecho a protestar deberá ser tratado como un criminal en Nueva York o ninguna otra parte en este país», dijo Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles.
«Este acuerdo histórico debe servir como un recordatorio a la ciudad de Nueva York y los gobiernos por todo el país de que el derecho a la protesta es un pilar fundamental de una justa y funcional democracia. Es el papel del gobierno y las agencias de seguridad no sólo tolerar la protesta, sino proteger y defenderla», afirmó.
La convención del Partido Republicano se realizó entre el 26 de agosto y el dos de septiembre de 2004 y estuvo enmarcada en protestas contra el gobierno del entonces presidente, George W. Bush, que culminaron con masivos arrestos de unas 1.800 personas.
La policía incluso usó redes que resultaron en los arrestos «ilegales» de transeúntes, personas que observaban y de manifestantes, recordó la Unión de Libertades Civiles.
La organización destacó que muchos de los arrestados fueron detenidos sin justificación por largos periodos, a veces por más de 36 horas, en condiciones insalubres e incluso peligrosas.
Además, se les tomaron las huellas dactilares, que fueron enviadas a agencias de seguridad para que las incluyeran en su base de datos del gobierno federal.
El 7 de octubre de 2004 la Unión de Libertades Civiles presentó las dos primeras demandas de los 226 arrestados en la calle Fulton, cerca de la llamada «zona cero», y de otros 400 arrestados cerca de la plaza de Union Square, en los que las víctimas cuestionaron los arrestos y que se les tomaran las huellas.
Los demandantes alegaron que se habían violado los derechos que les otorga la Constitución federal y las leyes del estado de Nueva York.
Tras varios años de litigio, en octubre de 2012 el juez Richard Sullivan, de la corte federal de Manhattan, decretó que los arrestos de la calle Fulton fueron inconstitucionales y rechazó un reclamo de la ciudad de que los 400 arrestos eran admisibles.
Sullivan ordenó a las partes que llegaran a un acuerdo en los restantes casos, que finalmente fue anunciado hoy.
Como parte de los acuerdos, la ciudad de Nueva York aceptó destruir los archivos de todos los arrestados por ofensas menores y establecido que el FBI (policía federal) ni ninguna otra de las agencias de seguridad retendrán las huellas dactilares.
«Los arrestos masivos, las huellas digitales y la prolongada detención de los manifestantes, transeúntes y periodistas es uno de los capítulos más negros en la larga y orgullosa historia de protestas en la ciudad de Nueva York», aseguró por su parte el director legal de la ACLU, Christopher Dunn.
