Obispos católicos exigen la renuncia del gobernador de Puerto Rico

«El señor gobernador ha herido despiadadamente un principio básico de todo Gobierno para poder funcionar efectivamente bajo la ley, en particular, bajo la libertad», expresó en un comunicado el grupo de obispos, encabezado por el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y obispo de Ponce, Rubén González.

El texto también es apoyado por el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y obispo de Mayagüez, Álvaro Corrada del Río, y el obispo de la diócesis de Caguas, Eusebio Ramos.

Esta semana, colectivos sociales, sindicatos y artistas han pedido también la dimisión de Rosselló por estar incluido en un chat en el que se insulta a mujeres, personas del colectivo LGBT y compañeros de partido, entre muchos otros, además de organizar estrategias contra críticos al Ejecutivo del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Los obispos indicaron que con esta acción la Administración de Rosselló «ha injuriado a personas y grupos particulares con palabras y acciones que van contra el principio básico de la gobernanza en el bien común y el respeto a toda persona humana».

Resaltaron, además, que «un segundo principio básico de gobernanza ha sido abusado irresponsablemente por el primer mandatario del país: el de gobernar desde un espacio sagrado».

«Los medios electrónicos son tecnologías nuevas que se usan y comparten en este espacio sagrado de gobernanza para ejecutar, buscando mayor rapidez y eficacia. Pero, no puede faltar el balance y el uso responsable de estos medios modernos. El señor gobernador ha manchado y abusado de este espacio sagrado para gobernar», agregaron.

Por ello, los obispos señalaron al gobernador de «corromper y atacar a personas y grupos» del «vivir democrático desde su espacio sagrado de ejecución en el poder de la rama Ejecutiva, que ya no puede seguir ejerciendo».

En medio de la crisis, los sindicatos puertorriqueños convocaron un «cacerolazo» este viernes para que Rosselló dimita, mientras el Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAAPR) aseguró que existen bases jurídicas para iniciar un proceso de destitución del gobernador.