"Obsoleta" ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en RD, según exjueza Esther Agelán

Santo Domingo.-  La exjueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, advirtió sobre las deficiencias que poseen las leyes dominicanas frente al auge de los ciberdelitos, señalando la necesidad de reformas legislativas para enfrentar fenómenos como el ciberodio, el sexting no consentido y la difusión de imágenes íntimas a través de redes sociales.

Agelán aseguró que es urgente que el Congreso realice la reforma a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 172-13 de Protección de los Datos, que abarcan acerca de los crímenes tecnológicos. Calificó las leyes como “obsoletas”, por lo que entiende deben tomar en cuenta las nuevas realidades digitales.

Señaló que en el país aún no se ha tipificado el ciberodio, contrario a otros países. Sin embargo, también considera un tema preocupante la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, práctica que tampoco está expresamente penalizada en la legislación dominicana, según explicó.

“No tenemos en nuestra ley específica la sanción al sexting no consentido, es decir, a la difusión de imágenes no consentidas”, apuntó.

Sobre el ciberodio, argumentó que existe un protocolo sobre el tema en la Convención de Budapest, de la cual la República Dominicana es signataria.

Asimismo, informó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó en 2024 la redacción de una nueva convención sobre ciberdelitos, a la cual los países están llamados a adherirse. Según comentó, esta iniciativa podría reforzar los mecanismos internacionales de cooperación en la lucha contra los delitos cometidos en entornos digitales.

Proyecto de Ley sobre libertad de expresión y medios audiovisuales

El pasado 23 de abril, se depositó en Senado de la República el proyecto de ley que regularía la libertad de expresión y los medios digitales mediante la Ley Orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, sin embargo, para Agelán esto resulta un “tema complejo”,  por el conflicto que representa la libertad de expresión y el derecho al honor.

“Debe definirse claramente, pero sobre todo tomar conciencia de los límites de la libertad de expresión cuando se afecta al honor, por un lado, y por otro lado, tomar conciencia de un tipo penal que todavía aquí no se ha tipificado”, puntualizó.

La exjueza explicó que cualquier afectación a derechos fundamentales por parte de los órganos investigadores debe contar con una orden judicial, para garantizar la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones.