Como era de esperar la lista de posibles inculpados en el expediente de soborno de ODEBRECHT dada a conocer por el Procurador General acompañada de los correspondientes sometimientos, distó de complacer a todos los sectores. Ya, desde mucho antes había quienes tenían elaboradas sus propias listas de presuntos involucrados con los nombres de sus corruptos favoritos. Como cabía también esperar, no han faltado las tradicionales argumentaciones de “persecución política”. Ni tampoco han estado ausentes los que de manera aviesa han tratado de arrojar lodo sobre el juez instructor de la causa, Francisco Ortega Polanco, un magistrado joven, talentoso, con amplia experiencia penal y un limpio historial.
Sobre el tema desde hace un par de días circuló por la Internet un mensaje muy racional y sensato del destacado jurista Ramón Antonio “Negro” Veras, quien a su reputación profesional y personal, suma el aval de su experiencia y amplios conocimientos jurídicos, llamando a manejar este caso con estricto apego al derecho, aplicando la justicia sin privilegios pero sin arbitrariedades y sobre todo, sin escarnio para los sometidos, a los cuales, recuerda les corresponde la presunción de inocencia mientras no haya sido probada y sancionada su culpabilidad por fallo judicial irrevocable.
En esa misma línea creemos conveniente hacer algunas precisiones.
La primera…¿Es la lista ofrecida por el Procurador General de su cosecha propia o la misma elaborada por los fiscales de Brasil de acuerdo a las informaciones suministradas por la Odebrecht y a través de las llamada delaciones premiadas? Comprobarlo no será difícil. Bastará en su momento entrar a través de la Internet, y sin siquiera necesidad de trasladarse a Brasil, acceder a la lista y documentos que esos fiscales se comprometieron a dar la luz pública, o sea, al alcance de cualquiera. Y en la comparación quedará de manifiesto si en la que se hizo pública aquí, faltó o se incluyó algún nombre que no estuviera en la de ellos.
De ahí que sería ingenuo, infantil, absurdo, intentar la menor manipulación del listado.
En segundo término…Figurar en la lista dada a conocer no implica necesariamente presunción de culpabilidad. A todos y cada uno de los que figuran en la misma, de antes y ahora, de gobierno y oposición, tal como advierte el doctor Veras, les corresponde, por el contrario, la presunción de inocencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico.
Para que una persona sea declarada culpable no basta con la simple mención, ni la delación. Menos aún, por la sola convicción, la presunción, antipatía o conveniencia política o de cualquier otra naturaleza. Toca a la Procuraduría presentar el fardo de pruebas que no ofrezca la menor duda sobre la culpabilidad del implicado. De lo contrario, ningún juez ni tribunal podría, en buen ejercicio del derecho, dictar un fallo condenatorio que además sería fácilmente revocable.
Tercero. No todos los implicados, pudieran tener el mismo grado de culpa ni ser acusados de los mismos hechos, en un expediente de naturaleza tan compleja, ni en tal caso recibir la misma sanción.
Cuarto. Demandar que se incluya en el expediente de la ODEBRECHT a quienes no figuren en las prolijas investigaciones llevadas a cabo por los fiscales brasileños, o en el curso de las subsiguientes investigaciones, es tan absurdo como imposible. Acusar sin pruebas no solo es moralmente cuestionable, sino totalmente inadmisible desde el punto de vista legal.
El hecho de que pueda funcionarios, legisladores, empresarios o personas de cualquier categoría o procedencia que hayan cometido otros actos de corrupción no implica que estén involucrados en el caso de la empresa brasileña, ni faculta a la Procuraduría para incluirlos en el mismo, sino que tendrían que ser acusados y juzgados por aquellos.
Reiteramos que el expediente de la ODEBRECHT debiera y pudiera marcar el antes y después en la prevención, lucha y merecida sanción a la corrupción sin privilegios ni compadrazgos. Pero teñir esa lucha tan importante para el país y su futuro de parcialidad política o de cualquier otro elemento ajeno a erradicar el dolo y terminar con la impunidad, sería viciar el proceso y castrar sus posibilidades de llevarlo a feliz término sin la menor sospecha de parcialidad, que debe ser el objetivo a perseguir.
En definitiva, ni es el de la ODEBRECHT el único caso de corrupción en el país que es preciso juzgar, ni todos los corruptos que padecemos tuvieron participación en su vergonzoso entramado de ilegalidad. Cada quien debe ser juzgado en su ámbito y por lo que hizo. Pretender incluirlos en un proceso ajeno o acusarlos sin pruebas, solo conllevaría a un obligado fallo de inocencia en su favor y a desacreditar el impostergable combate a la corrupción.
Tal como advierte uno de los párrafos del oportuno y sensato mensaje del doctor Veras, “La sana voluntad de nuestro pueblo de que se enfrente el fenómeno de la corrupción, y su anhelo de justicia, el sueño de que se aplique la ley no debe impulsarnos a la deshumanización, a alienarnos, a movernos como un tizón para degradar condenando por anticipado a quien se presume inocente”.
Todo queda dicho. No más palabras, magistrado.