La SUNAT explicó, a través de sus redes sociales, que la cancelación de la deuda se hizo mediante un depósito en las cuentas del fisco en el Banco de la Nación.
LIMA, Perú.- La constructora brasileña Odebrecht pagó 434 millones de soles (131 millones de dólares) a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú por una deuda de impuestos en cobranza coactiva, como parte del acuerdo de colaboración con la justicia peruana, según informó este jueves el ente recaudador.
La SUNAT explicó, a través de sus redes sociales, que la cancelación de la deuda se hizo mediante un depósito en las cuentas del fisco en el Banco de la Nación.
El pago de la deuda se efectúa en el marco del acuerdo de colaboración firmado entre el Estado peruano y la constructora brasileña, y los recursos provienen de la venta de las acciones de la empresa de generación Huallaga, que tiene la concesión de la hidroeléctrica de Chaglla.
La cancelación de la deuda con la SUNAT fue uno de los compromisos adoptados por Odebrecht al firmar el acuerdo de colaboración con la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc, que investigan el escándalo Lava Jato en el Perú.
Precisamente, esta semana, el Equipo Especial de la Fiscalía que investiga este caso viajó a la ciudad de Curitiba, en Brasil, para interrogar al exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata para que confirme los destinatarios de los sobornos entregados en el país entre 2005 y 2014, como parte del acuerdo de colaboración eficaz.
En ese sentido, Barata ratificó que la empresa entregó aportes ilegales a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, así como a las excandidatas presidenciales Keiko Fujimori y Lourdes Flores.
Al concluir este jueves con el tercer día de interrogatorios en Curitiba, el procurador peruano Jorge Ramírez declaró a los periodistas en esa ciudad que Odebrecht también ha hecho el pago de la primera cuota de la reparación civil por 80 millones de soles (24 millones de dólares).
La constructora busca volver a contratar con el Estado peruano, una vez que el acuerdo de colaboración sea homologado, es decir, que pase el control de legalidad a cargo de la jueza María Álvarez y se confirme el depósito de ambos aportes.
Hace un año, las autoridades de Perú promulgaron la ley 30737 para asegurar el pago de las deudas con el Estado en los casos de corrupción y creó un fideicomiso de retención y reparación con ese fin.
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