Odebrecht ratifica disposición de colaborar con autoridades mexicanas

MÉXICO.- La empresa brasileña Odebrecht ratificó hoy su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas para aclarar irregularidades en la ejecución de contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), y reiteró que impugnará sanciones administrativas anunciadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

«Como lo ha hecho en otros países, Odebrecht México ratifica su disposición en seguir cooperando con las autoridades mexicanas», apuntó la firma en un comunicado.

Además ratificó la postura que dio a conocer este lunes y aseveró que «aportó los elementos requeridos por ley para la apertura de los procedimientos de sanción correspondientes e impugnará las sanciones indebidamente impuestas por la Secretaría de la Función Pública, reservándose el derecho de fincar responsabilidades ante las autoridades competentes».

Este lunes, el Gobierno mexicano criticó la falta de colaboración de la constructora brasileña con la SPF para aclarar irregularidades en contratos con Pemex.

La SFP, ministerio auditor del Gobierno, indicó que la empresa carece del «compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas», ya que solo presentó un escrito «sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta».

Ese mismo día, la filial mexicana de la empresa brasileña había anunciado en un desplegado de prensa que impugnaría las sanciones anunciadas por la SFP por considerarlas «totalmente infundadas e improcedentes».

La constructora Odebrecht quedó envuelta en un escándalo tras admitir el pago de sobornos en 12 países por unos 788 millones de dólares.

En México, el caso apuntó hasta al director general de Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares de la petrolera.

El pasado diciembre, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos (6,2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería.