SANTO DOMINGO.- Una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG), depositaron una instancia ante el Ministerio de Salud Pública solicitando la realización de una exhaustiva investigación médica para establecer la magnitud de los graves daños a la salud que provocan las dos barcazas de generación eléctrica propiedad de Seaboard Transcontinental ubicadas sobre el río Ozama.
“Todas estas organizaciones comunitarias estamos hoy aquí solicitando la intervención del Ministerio de Salud Pública, como entidad rectora en materia de salud colectiva en nuestro país, para que realice a la mayor brevedad posible una investigación médica y verifique los daños a la salud que provocan las operaciones de esas barcazas, tales como enfermedades respiratorias en niños y envejecientes, enfermedades auditivas por el ruido y las vibraciones, y enfermedades cardiovasculares a los residentes de sectores aledaños como Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte, y Los Guandules, Las Cañitas, La Nueva Barquita y la Ciudad Colonial”, expresó Euren Cuevas, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).
Las organizaciones que depositaron la instancia fueron: el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama, la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Central de Trabajadores Unificados (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.
Por medio de la instancia, indicaron que hacen formal apoderamiento del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Cuevas describió la gravedad de la contaminación que generan esas plantas, ya que la polución y la emanación de las chimeneas van a todas las viviendas de los barrios cercanos porque las mismas están por debajo del nivel de los hogares.
Las entidades también depositaron ante el Ministerio de Salud Pública un informe realizado por la Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual refiere la presencia de contaminantes del aire en la zona donde operan las barcazas, tales como los óxidos de nitrógeno, cuya exposición al NO2 que es el principal de estos, provoca irritación del tracto respiratorio, broncoconstricción y dificultad para respirar, ataques de asma y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias.
Dicho informe menciona, además, que las emisiones de óxidos de azufre forman partículas contaminantes que alteran el desarrollo de la función pulmonar en los niños y contribuye al deterioro de la función pulmonar en los adultos; causa y agrava el asma y enfermedades cardiovasculares.
“Este estudio revela que esas plantas están contaminando 15 veces más o por encima de lo que estipulan las normas para un generador de esta misma capacidad. Y están provocando asma, enfermedades cardíacas, de la piel e insomnio, enfermedades nerviosas por las vibraciones. Esas plantas están colocadas ahí de manera ilegal porque la Ley 64-00 lo prohíbe y fueron colocadas de manera provisional, pero ya llevan 32 años”, expresó Cuevas.
Otro hallazgo del informe entregado a las autoridades es la contaminación del aire de la planta Estrella del Mar II y aunque se pudiera afirmar que sus motores cumplen con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) para los contaminantes del aire, esos motores y las normas de la OMI están diseñadas para barcos que navegan en el mar o atracan brevemente en el puerto; no tienen la intención de proteger a las comunidades cercanas año tras año. Es decir, no son para barcos que estén fijos en lugares densamente poblados.
“Si bien estas plantas afirman (sin datos) cumplir con los estándares de la OMI, estos estándares marinos no son de ninguna manera suficientes para proteger la salud de las comunidades locales. Públicamente se debe instalar el monitoreo de la calidad del aire disponible para contaminantes clave (NOx, Sox, PMO3)”, refiere el informe.
Con relación al ruido y la vibración, el documento depositado cita que, “la presencia de una contaminación significativa por ruido y vibraciones es una fuente de malestar y posiblemente una fuente de graves problemas de salud para las comunidades vecinas”.
También señala: “Los niveles altos de ruido pueden provocar pérdida de audición, especialmente durante períodos prolongados. Sin embargo, más allá de la pérdida auditiva, la exposición prolongada a niveles de ruido incluso moderados causa una amplia gama de problemas, desde la interrupción del sueño hasta el deterioro del rendimiento cognitivo en los niños y enfermedades cardiovasculares”.
El informe refiere que, aunque hay casos de plantas con ubicaciones sensibles en otros lugares del mundo, los mismos están rodeados de algunos edificios industriales dispersos, contrario a las barcazas sobre el río Ozama que es un área densamente poblada.
Por estas razones el estudio concluye que: “Las barcazas eléctricas que operen bajo estándares marinos para impactos ambientales no son adecuadas para su colocación en comunidades densas como Santo Domingo durante períodos prolongados”. Otra de las conclusiones del informe es que el HFO (full oil), el más sucio de los combustibles derivados del petróleo, debe cesar por completo.
La Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), ayuda a comunidades a manifestarse acerca del aire limpio, el agua limpia y un planeta más saludable. Es una alianza mundial de abogados, científicos y otros defensores, colaborando a través de fronteras para promover los esfuerzos a nivel de base para construir un futuro sustentable y justo.
El estudio estuvo encabezado por Gregory “Rye” Howars, quien tiene un DSc (Doctorado en Ciencias, por sus siglas en inglés) en Salud Ambiental cursado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston; un MPH (Máster en Salud Pública) en Salud Ambiental, realizado también en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston; un Máster en Astronomía de la Universidad de Wisconsin-Madison y una licenciatura en Astronomía y Física. Es académico y ha realizado decenas de investigaciones. Ha escrito o contribuido con numerosos artículos, libros blancos y respuestas a consultas públicas en nombre de organizaciones, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea. Ha recibido múltiples premios y honores por sus investigaciones y es Socio Clave del Centro de la Universidad de Brown para la Salud Ambiental Infantil.