Ginebra.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy a Nicaragua la liberación de los opositores detenidos antes de las elecciones de noviembre y reinstaurar la legalidad de los partidos que la perdieron durante una campaña en la que el alto comisionado denunció una larga lista de irregularidades.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró hoy una sesión especial sobre las recientes elecciones nicaragüenses, cuya legitimidad ha sido puesto en duda por la comunidad internacional, y la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif lamentó «el deterioro de los derechos civiles y políticos durante ese proceso electoral».
Ello derivó en la «exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses para participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder», aseguró la «número dos» de la oficina de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.
Entre mayo y octubre, la oficina documentó la detención arbitraria de al menos 39 políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, entre ellos siete posibles candidatos a los comicios que el presidente Daniel Ortega ganó con un 75 % de los votos.
OPOSITORES SIGUEN CONFINADOS EN «EL CHIPOTE»
Todos ellos «fueron detenidos en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos», subrayó Al-Nashif, quien denunció que 35 de esas personas siguen detenidas en el centro de prisión preventiva «Nuevo Chipote», en las afueras de Managua.
«Muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado, y sólo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas», lamentó la «número dos».
Las condiciones en las que permanecen estos detenidos suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica, y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a constituir torturas, afirmó en su intervención.
A estos arrestados la oficina de la ONU suma otros ocho activistas y periodistas detenidos durante el fin de semana electoral y en las jornadas posteriores, de los que sólo tres han sido liberados, mientras el resto están también recluidos en régimen de incomunicación.
La alta comisionada adjunta insistió en que todas las personas detenidas arbitrariamente «deben ser puestas en libertad de inmediato», y también debe restablecerse la personalidad jurídica de los partidos y las organizaciones de la sociedad civil que la perdieron en los meses previos a los comicios.
JAQUE A LA SOCIEDAD CIVIL En este sentido, Al-Nashif recordó que tres partidos políticos perdieron su personalidad jurídica antes de las elecciones, «dejando a importantes grupos políticos que surgieron de las protestas de 2018 sin la capacidad de presentar candidatos».
También se ilegalizaron 45 organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, y otras muchas que recibían financiación extranjera se vieron obligadas a poner fin a sus actividades o reducirlas.
El hostigamiento y las detenciones arbitrarias «limitaron la capacidad de los defensores de los derechos humanos para observar el proceso electoral», lamentó Al-Nashif, quien recordó que Nicaragua desoyó las peticiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y no invitó a observadores internacionales a los comicios.
También se negó la entrada al país a muchos periodistas que querían cubrir las elecciones, lo que sumado al allanamiento de «La Prensa», el principal periódico impreso del país, y las detenciones y el acoso a reporteros (decenas de ellos huyeron al extranjero) impidió una cobertura independiente del proceso electoral.
Todas estas «restricciones y violaciones de derechos humanos» crearon «un entorno poco propicio para la celebración de elecciones auténticas y libres», subrayó la alta comisionada adjunta, quien instó al Gobierno del presidente Daniel Ortega a que ponga el fin al enjuiciamiento a los opositores políticos y la sociedad civil.
EL GOBIERNO DE ORTEGA DESOYE EL INFORME
Por parte nicaragüense intervino en el Consejo de Derechos Humanos la procuradora general, Wendy Morales, quien expresó el «rechazo categórico» a un informe que en su opinión «representa una agresión unilateral contra el pueblo nicaragüense y su legítimamente constituido Gobierno».
«Rechazamos este informe sin objetividad, con sesgo político e intervencionista, elaborado por un mecanismo que pretende interferir en los asuntos internos de nuestro país faltando al respeto de nuestra soberanía e independencia», afirmó en un mensaje de vídeo.
