SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público plasmó en el expediente acusatorio contra los implicados de la Operación Calamar sus argumentos para solicitar prisión como medida de coerción, en vez de presentación periódica, fianza o impedimento de salida.
En tanto, el Ministerio Público debe justificar ante el tribunal que es necesario imponer prisión para evitar “los actos tendentes a la obstrucción de la investigación, la intimidación de testigos y la destrucción de pruebas”, o por peligro de fuga.
Uno de los argumentos de los fiscales para pedir cárcel es evitar que los imputados dispongan “de los mecanismos para destruir, transferir y desaparecer los rastros del dinero ilícito”.
El texto establece que “ha quedado evidenciado, a juzgar por la gran cantidad de activos envueltos en el presente caso, que el daño social a ser resarcido, producto de los actos ilícitos cometidos por los imputados es (…) una suma que impacta socialmente en el daño a resarcir para el peligro de fuga”.
El Ministerio Público pide al juez tomar en cuenta que los imputados supuestamente formaban parte de una estructura de corrupción con la que prevaricaron y se coalicionaron para desfalcar al Estado, “recibieron sobornos millonarios con el fin de enriquecerse ilícitamente, lavando dinero, destruyendo y ocultando evidencias, útiles y pertinentes para la presente investigación”.
La barra acusadora también justifica la necesidad de prisión en el poder económico que tienen los imputados para evadir la acción de la justicia.
El expediente afirma que los cuantiosos recursos económicos que consiguieron de forma fraudulenta “le han servido para evadir la acción de la justicia, financiar campañas políticas, además de adquirir cientos de propiedades y bienes en general, los cuales constituyen un poder económico y político que resulta imponente para evadir la acción de la justicia, facilidades para abandonar el país o permanecer ocultos en cualquier etapa del procedimiento, destruir evidencias, intimidar testigos y distraer los activos sustraídos”.
La Fiscalía sostiene que “la libertad de los imputados implicaría un grave obstáculo para la investigación, ya que existen los elementos razonables y contundentes de que los imputados, una vez puestos en libertad, utilizarán dichos medios para obstaculizar la investigación”.
