SANTO DOMINGO.- Para borrar una ficha del sistema de la Procuraduría, la alegada red desmantelada mediante la Operación Gavilán, que operaba dentro de la institución, solía cobrar entre ocho y 15 mil pesos a personas que tenían antecedentes penales por delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.
Según la solicitud de medida de coerción fueron más de ocho mil los registros penales que, la supuesta red eliminó o adulteró.
La recién desmantelada red, según la solicitud de medida de coerción que consta de 339 páginas, el MP identifica a Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte técnico en el departamento de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría, como el cabecilla de la supuesta red de corrupción que operaba dentro de la PGR.
Según el documento, el imputado Alfredo Mirambeau, Martires Rosario, Rubén Darío Morban, Domingo Santana, la doctora Dilcia Nuñez, quien se desempeñaba como médico en la cárcel de la Victoria, junto a los demás imputados, alegadamente realizaban maniobras fraudulentas, para alterar, borrar, modificar afectar, dañar los datos y registros delictivos.
Se agrega que, uno de los delatores fue Carlos Santa Abad, coordinador de la Fiscalía de Monte Plata, quien detalló alegadamente cómo funcionaba la referida práctica ilegal.
De acuerdo a Carlos Santa, la temática consistía en que la persona que quería que le retiraran una ficha de la base de datos de la Procuraduría, se le acercaba a él, le pagaba una cantidad de dinero a cambio de que le hiciera el contacto con Mártires Rosario Reyes, quien luego cobraba un segundo monto, el cual pedía en la mayoría de los casos que se lo depositara en su cuenta bancaria.
En los movimientos de la cuenta, detalla el Ministerio Público que Mártires Rosario recibió múltiples depósitos de empleados de las fiscalías de La Romana, Monte Plata, Independencia y Barahona
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción fueron más de ocho mil los registros penales que, la supuesta red, compuesta por al menos doce personas, eliminó o adulteró durante todo el tiempo que pudo operar a espaldas de las autoridades.
Las autoridades han podido determinar que de lo “8,406” dos de ellos están a nombre de Joel Ambiorix Pimentel alias la J con el nimero de cedula de 12 dígitos 031035298755 en el que el último digito es igual al penúltimo.
Los dos registros encontrados a nombre de la Joel Pimentel alias la J son los números 1183043 y 125855, ambos figuran en la tabla en almacenar los caso y el hecho. Asimismo, en la de datos para el registro de drogas muestra que el campo cedula contiene el valor de “00000000000”.
En la tabla de ficha de la PN se encontraron cinco registros alias la J, el nombre aparece con X, además de que el campo de cedula se registra en 00000000000, lo que indica que si la depuración se realiza por el número de cedula “031-0352987-5” correspondiente a Joel Pimentel asegura el MP no se obtendrán dichos resultados.
Crearon un esquema criminal sostenible en el tiempo con ramificación nacional que funcionaba bajo el esquema de: solicitud de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo transferencia, eliminación de antecendetes, consulta de aprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales o franqueo para salir del país.
La Operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial. La investigación de los fiscales está a cargo del magistrado Vitervo Cabral, quien dirige la Inspectoría General del Ministerio Público.