Por Carlos J. Romero
Cada vez que el Estado dominicano necesita adquirir bienes o servicios —como medicamentos, mobiliario escolar o el mantenimiento de carreteras— debe tomar una decisión clave: cómo comprar. Esta elección, aunque poco visible, impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Comprar bien no significa únicamente optar por lo más barato, ni limitarse a evitar irregularidades. Aunque los escándalos han marcado la percepción pública, centrarse solo en fallas ofrece una visión incompleta del sistema.
Comprar bien implica un enfoque más estratégico y exigente, donde se busca eficiencia, transparencia y resultados. Es una práctica que va más allá del cumplimiento y se orienta a generar valor real para la sociedad.
El verdadero fin de las compras públicas
Existe la idea de que las contrataciones públicas sirven principalmente para prevenir la corrupción, lo que reduce su función a un enfoque de control y sanción.
Suscribete al newsletter de Noticias SIN
Sin embargo, este sistema tiene un propósito económico fundamental: gestionar recursos limitados para cubrir necesidades crecientes en áreas como salud, educación e infraestructura.
La pregunta central no debería ser solo si una compra fue correcta, sino si generó el mayor valor posible para el ciudadano. Esa diferencia redefine completamente el enfoque.
Cuando una compra bien hecha genera impacto
Comprar bien implica una visión de triple impacto, que abarca dimensiones económicas, sociales y ambientales dentro del sistema de contrataciones públicas.
En el plano económico, las compras públicas representan entre el 28% y 33% del Presupuesto Nacional, y pueden generar ahorros importantes cuando existe competencia real.
Cada mejora en eficiencia se traduce en más recursos disponibles para servicios públicos, infraestructura y desarrollo, ampliando el impacto del gasto estatal.
En la dimensión social, las contrataciones públicas fomentan la inclusión económica, permitiendo la participación de Mipymes y empresas lideradas por mujeres.
Esto demuestra que el sistema no es exclusivo de grandes empresas, sino una herramienta de desarrollo empresarial y dinamización económica.
En cuanto al ámbito ambiental, el país avanza hacia compras con criterios de sostenibilidad, incorporando prácticas responsables en la adquisición de bienes y servicios.
Aunque aún en مرحلة inicial, estas acciones marcan una dirección hacia un modelo más sostenible y consciente en el uso de los recursos públicos.
El cuarto pilar: la institucionalidad
Ninguno de estos avances sería posible sin una sólida institucionalidad, que garantice reglas claras y mecanismos de control efectivos.
La implementación de la Ley 47-25 y su reglamento representa una transformación profunda en el sistema de compras públicas del país.
Uno de sus principales aportes es el concepto de valor por dinero, que supera la lógica del precio más bajo para considerar calidad, durabilidad y eficiencia.
Este enfoque permite evitar decisiones donde lo barato resulta más costoso a largo plazo, promoviendo una gestión más inteligente del gasto público.
Otro avance clave es la contratación estratégica, que convierte las compras públicas en una herramienta de política pública para impulsar sectores productivos.
Así, el Estado puede promover la participación de Mipymes, la innovación y el desarrollo de áreas estratégicas mediante su poder de compra.
También destaca el nuevo régimen de sanciones, que establece consecuencias reales tanto para funcionarios como para proveedores que incumplan las normas.
Este sistema fortalece la confianza, al garantizar que las reglas no solo existen, sino que se aplican con rigurosidad.
- Además, el monitoreo preventivo ha permitido supervisar miles de procesos y corregir irregularidades antes de que generen daños mayores.
Esto evidencia un sistema con capacidad de autocorrección, enfocado en prevenir en lugar de sancionar.
Una invitación a la ciudadanía
Las contrataciones públicas representan una parte significativa del Presupuesto General del Estado, siendo clave para transformar recursos en servicios.
Comprender su funcionamiento y exigir su correcta aplicación es un ejercicio de ciudadanía activa.
Al final, comprar bien no es solo responsabilidad de técnicos o autoridades, sino un compromiso colectivo con el buen uso de los recursos públicos.
