Santo Domingo.- La discusión sobre las condiciones salariales de los jueces dominicanos debe abordarse con responsabilidad institucional y con una visión más amplia que la simple confrontación entre aumento salarial y disciplina presupuestaria. La justicia no es un gasto administrativo cualquiera. Es uno de los pilares fundamentales de la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y la confianza económica de un país.


Los jueces desempeñan una función crítica en la protección de derechos, la resolución de conflictos y la garantía del Estado de derecho. De la fortaleza e independencia del sistema judicial depende, en gran medida, la confianza de ciudadanos, inversionistas y actores económicos. Ninguna economía moderna puede desarrollarse plenamente con un sistema judicial débil, lento o precarizado.


Por eso, las demandas de mejores condiciones laborales para los magistrados no deben desestimarse. Un país serio necesita jueces bien remunerados, técnicamente preparados y protegidos de presiones económicas o políticas. Sin embargo, los datos presupuestarios recientes del Poder Judicial muestran que el problema de fondo parece ser mucho más estructural: la insuficiencia histórica de recursos asignados al sistema de justicia.

Presión sobre la nómina


Los gráficos presupuestarios de 2019 y 2026 permiten observar una realidad preocupante. Entre ambos períodos, el gasto en remuneraciones y contribuciones pasó de RD$5,400 millones a RD$10,744 millones: un incremento cercano al 99 %. En términos proporcionales, la nómina absorbía el 71.94 % del presupuesto en 2019 y pasa a representar el 81.26 % en 2026.

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Es decir, más de cuatro quintas partes del presupuesto judicial se destinan actualmente a gestión humana. A primera vista, algunos podrían interpretar esto como un problema de exceso de gasto salarial. Pero una lectura más rigurosa de las cifras apunta hacia otra conclusión: el Poder Judicial está operando con un presupuesto general insuficiente para atender simultáneamente salarios dignos, modernización institucional, expansión operativa y transformación tecnológica.


El segundo gráfico aporta un dato decisivo para entender el contexto completo: el Poder Judicial apenas recibe el 0.96 % del Presupuesto General del Estado, pese a que por ley le correspondería el 2.66 %. Ese hallazgo cambia radicalmente la naturaleza del debate.


Y es que, cuando una institución recibe menos de la mitad, e incluso poco más de un tercio, de los recursos que legalmente deberían asignársele, inevitablemente concentra la mayor parte de sus fondos en garantizar su funcionamiento básico: pagar salarios, mantener operaciones mínimas y sostener la estructura institucional. Eso explica el fuerte peso de la nómina dentro del presupuesto.


Pero también revela otro problema igual de grave: el limitado margen que queda para inversión estratégica. Las cifras muestran que apenas un 3.9 % del presupuesto se destina conjuntamente a tecnología e infraestructura física. Además, áreas esenciales presentan reducciones significativas. Los recursos para bienes muebles, inmuebles e intangibles caen de RD$403 millones a apenas RD$106 millones. Los materiales y suministros disminuyen de RD$262 millones a RD$206 millones. Y, en el caso de “Obras”, el presupuesto de 2026 ni siquiera reporta asignación.


En otras palabras, el sistema judicial dominicano corre el riesgo de convertirse en una institución financieramente absorbida por el gasto corriente, con capacidad limitada para modernizarse. Y eso tiene consecuencias institucionales profundas.

Déficit de inversión


Sin inversión tecnológica suficiente, se ralentizan procesos clave, como la digitalización de expedientes, la interoperabilidad de sistemas, la automatización administrativa y la reducción de la mora judicial. Sin infraestructura adecuada, se deterioran las condiciones físicas de tribunales y servicios. Y, sin capacidad de expansión presupuestaria, la justicia queda atrapada en una lógica de supervivencia operativa, en lugar de evolucionar hacia estándares modernos de eficiencia y acceso.


El problema, entonces, no debería plantearse como una discusión simplista sobre si los jueces ganan mucho o poco. La verdadera pregunta nacional debería ser otra: ¿está el Estado dominicano invirtiendo lo necesario en su sistema de justicia?


La respuesta que sugieren las cifras parece clara. Una democracia sólida requiere tribunales fuertes. La inversión privada necesita seguridad jurídica. La estabilidad social necesita instituciones confiables. Y el desarrollo económico sostenible depende, en buena medida, de la credibilidad del sistema judicial.
Por eso, fortalecer financieramente al Poder Judicial no debe verse como una concesión corporativa ni como un privilegio sectorial. Debe entenderse como una inversión estratégica en institucionalidad, competitividad y confianza país.


El dato más preocupante de estos gráficos no es que el Poder Judicial destine mucho dinero a nómina. El verdadero problema es que la justicia dominicana parece estar funcionando con un nivel de financiamiento muy inferior al que requiere una nación que aspira a mayor desarrollo, estabilidad y seguridad jurídica.