Santo Domingo.— Una lectura de conjunto a las acciones diplomáticas y legales de los últimos días permite analizar señales que pueden estar más allá de lo que vemos en las noticias.
Hay una palabra que circula con fuerza en el debate judicial dominicano: “lawfare”, la guerra legal, la justicia convertida en arma política. Es un concepto legítimo, ocurre y merece ser tomado en serio. Pero, en los últimos días, ocurre algo que merece la misma atención.
Un proceso judicial llega a su audiencia decisiva y, en los días previos, un visado es restituido a uno de los imputados. Horas antes del fallo, la embajada de Estados Unidos emite un comunicado rechazando la manipulación política de la justicia. Después, el tribunal emite un no ha lugar.
Hechos paralelos y lecturas posibles
Cada uno de estos hechos puede tener su explicación individual. La defensa construye argumentos sólidos, el tribunal puede fallar con total independencia y la embajada puede actuar por convicción genuina. Nada de eso está necesariamente en disputa.
Lo que sí merece examinarse es otra cosa: cuando la diplomacia de una potencia extranjera entra en la línea de tiempo de un proceso judicial local, la independencia del tribunal queda bajo sospecha, aunque el fallo sea impecable.
El daño no recae sobre el acusado, sino sobre la institución misma, sobre la credibilidad, sobre su capacidad de parecer lo que debe ser: autónoma, sin tutelajes, sin señales externas que lleguen a tiempo para confundirse con instrucciones.
Justicia, percepción y poder
Eso no es defender el lawfare; es defender algo más importante: un sistema de justicia que necesita una señal de Washington para parecer legítimo ya perdió algo antes del fallo.
- ¿Cuánto vale esa pérdida?
En los últimos años, el debate sobre la independencia judicial en América Latina se ha intensificado con la aparición del concepto de lawfare, entendido como el uso del sistema judicial para fines políticos.
Este término gana presencia en discusiones públicas, análisis académicos y escenarios políticos, donde se cuestiona si algunos procesos legales responden únicamente a criterios jurídicos o si también están atravesados por intereses externos.