Santo Domingo.- Hay leyes que nacen con consenso. Hay leyes que nacen con controversia. Y hay leyes que nacen con el pie izquierdo, con el vicio del origen impreso en cada artículo. La modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada en el Senado el miércoles 24 de junio de 2026, pertenece a esta tercera categoría.
El rechazo que ha desatado esa legislación en apenas 72 horas es uno de los más articulados, transversales y técnicamente sólidos que haya enfrentado una pieza legislativa en los últimos años en la República Dominicana.
- Todo comenzó con una moción. El senador Antonio Marte presentó esa tarde una solicitud de urgencia para incluir en el orden del día un proyecto que no figuraba en él. No hubo paso por comisiones. No hubo consulta al Ministerio de Medio Ambiente ni a los operadores del fideicomiso público-privado DO Sostenible, los organismos técnicos directamente encargados de implementar la ley. En dos lecturas consecutivas, el mismo día, la reforma quedó aprobada con 22 votos a favor sobre un quórum de 28 senadores.
Críticas al trámite de urgencia
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) lo formuló con precisión quirúrgica: la declaratoria de urgencia es una facultad constitucional de naturaleza excepcional, no un mecanismo ordinario para sortear el debate técnico.
Invocarla para aprobar una reforma impositiva compleja, con doce nuevos niveles tarifarios y consecuencias fiscales de segundo orden sobre el ISR corporativo, vacía de contenido el proceso deliberativo que exige la democracia representativa.
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El CONEP advirtió, además, que esta es la segunda modificación a la misma ley en menos de dos años y que esa inestabilidad regulatoria deteriora la predictibilidad del clima de negocios dominicano de manera acumulativa. Pero el argumento más elocuente contra el proceso no lo formuló ningún gremio. Lo formuló el hemiciclo mismo.
Seis legisladores se abstuvieron. Entre ellos, la senadora Ginnette Bournigal, co-proponente de la pieza original. Cuando una de las autoras de un proyecto se abstiene en su votación definitiva, la señal es inapelable: el texto aprobado no era el que ella había concebido.
La velocidad del trámite alteró el fondo. Y Bournigal prefirió el silencio del voto en blanco antes que avalar algo que ya no reconocía como suyo.
La velocidad del trámite alteró el fondo. Y Bournigal prefirió el silencio del voto en blanco antes que avalar algo que ya no reconocía como suyo.
Un frente empresarial inusualmente unido
Gremios que raramente actúan en concierto, industria, comercio, turismo, zonas francas, jóvenes empresarios, convergieron en un frente de oposición técnica e institucional que la prensa económica cubrió con amplitud entre el 24 y el 26 de junio.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), a través de su vicepresidente ejecutivo Mario Pujols, identificó la anomalía más grave de la reforma: el Senado legisló de espaldas a los propios organismos responsables de ejecutar la ley.
Pujols denunció además lo que puede ser la intención real detrás del ajuste tarifario: desviar los fondos del fideicomiso ecológico para cubrir el déficit financiero de los ayuntamientos.
Se trata de un déficit que tiene su origen verdadero en el incumplimiento del Estado de transferir el 10 % de sus ingresos a los cabildos, como ordena la Ley 166-03. Resolver un problema presupuestario municipal desnaturalizando una contribución ambiental especial es, en palabras de la AIRD, una distorsión del sistema tributario que sienta un precedente peligroso.
La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) fue más directa aún: la reforma convierte, en la práctica, una contribución especial de propósito ambiental en un impuesto ordinario indirecto, al destinar sus recursos a gastos corrientes de los gobiernos locales. El argumento es jurídicamente relevante porque afecta la naturaleza misma del tributo y su validez constitucional.
La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) alertó sobre los efectos sobre la competitividad internacional de las exportadoras. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) lanzó una frase que resume el estado de ánimo del sector productivo: «escuchar antes de aprobar». Breve, directa y demoledora como crítica institucional.
El sector turístico organizó su propio bloque crítico, con Asonahores a la cabeza. La vicepresidenta ejecutiva de la asociación hotelera, Aguie Lendor, señaló una injusticia estructural que el Senado no consideró: muchos hoteles y cadenas internacionales ya realizan inversiones privadas cuantiosas para gestionar, valorizar y reciclar sus propios residuos.
Penalizarlos con tarifas calculadas sobre ingresos brutos, sin considerar su huella ambiental real, es castigar precisamente a quienes ya cumplen con la responsabilidad que la ley pretende fomentar.
El argumeto técnico
Más allá de las declaraciones gremiales, la cobertura de medios especializados como elDinero y análisis publicados bajo la rúbrica «Lege Ferenda» reveló una trampa fiscal de segundo orden que convierte esta reforma en algo más grave de lo que parece a primera vista.
La Ley 98-25, promulgada a finales de 2025, eliminó el reenvío al artículo 287, literal i), del Código Tributario, que autorizaba a las empresas deducir este pago como gasto admitido al calcular el Impuesto Sobre la Renta.
- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha interpretado esa supresión como no deducibilidad absoluta. Las consecuencias en cadena son tres: el costo real de la contribución sube automáticamente un 27 % para cualquier empresa sujeta al ISR; la base imponible artificial aumenta, disparando los anticipos del año siguiente; y las empresas que sostengan la deducibilidad en sus conciliaciones fiscales quedan expuestas a impugnaciones bajo las nuevas reglas punitivas de la Ley 30-26, cuya propia constitucionalidad ya está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional desde el 22 de junio.
En otras palabras: el Congreso aprobó una reforma a una ley cuyo ecosistema jurídico circundante está en litigio constitucional activo. Ese solo hecho debería haber sido razón suficiente para ordenar una pausa técnica antes de votar.
¿Hay quien defienda la ley?
- Sería inexacto afirmar que la reforma no tiene defensores. La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) la respaldó con entusiasmo, argumentando que el nuevo esquema tarifario representa justicia fiscal para las Mipymes: según su presidente Iván García, el 98.6% de las empresas formales del país, unas 285,105 unidades productivas, verán mantenida o reducida su carga. Los aumentos se concentran en el 1.4% de las corporaciones con facturaciones superiores a los mil millones de pesos.
La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) también defendió la progresividad del esquema como una cuestión de justicia distributiva, argumentando que los municipios necesitan recursos para financiar infraestructura sanitaria básica que la ley original no ha podido consolidar.
Son argumentos válidos. El problema es que ninguno de ellos justifica la forma en que se aprobó la ley. Una reforma puede ser justa en su intención y deficiente en su técnica al mismo tiempo. Este caso parece ser los dos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anticipó que la pieza será revisada con «ajustes requeridos». Es una señal política importante, pero también una confesión implícita: lo que llegó del Senado necesita corrección antes de convertirse en ley de la República.
Dentro de la propia Cámara, el consenso crítico es llamativo. El diputado Mayobanex Martínez, del PLD, calificó la escala tarifaria de «excesiva e irracional» y exigió negociación directa con los sectores afectados.
Rogelio Alfonso Genao Lanza, del PRSC, admitió sin rodeos que el proyecto «adolece de graves distorsiones técnicas» y reconoció la irracionalidad de cobrarles millones a entidades que apenas generan residuos. Son legisladores de partidos de oposición y de gobierno que comparten el diagnóstico. Esa coincidencia no es menor.
Lo que el ruido revela
- La intensidad, la transversalidad y la solidez técnica de la oposición a esta reforma dicen algo que va más allá del debate tarifario. Dicen que el Congreso dominicano tiene un problema recurrente de calidad legislativa: la tendencia a aprobar con urgencia lo que requiere deliberación, a legislar sobre materia impositiva y ambiental compleja sin diagnóstico de impacto y a usar instrumentos excepcionales, como la declaratoria de urgencia, como si fueran rutina.
La República Dominicana puede necesitar una nueva arquitectura de financiamiento para la gestión de sus residuos sólidos.
Ese debate es legítimo y urgente. Pero una ley aprobada sin agenda previa, sin consulta técnica, sin proporcionalidad entre la contribución y la contaminación real y sin resolver la ambigüedad sobre su deducibilidad fiscal no está en condiciones de resolver ese problema. Está, en cambio, en condiciones de crear varios más.
La Cámara de Diputados tiene ahora la posibilidad de hacer lo que el Senado no hizo: escuchar, estudiar y legislar con la calidad que el momento exige. Si lo hace, este episodio habrá servido de algo. Si se limita a ajustar números sin reformar la lógica, la próxima urgencia llegará antes de lo esperado.
