Los abusos contra la Iglesia Católica no pudieron arrancar la Fe del corazón de Italia.
He sido testigo de las expresiones más profundas de la fe popular en Italia, un país donde durante el siglo XIX se intentó reducir el poder de la Iglesia católica y, más tarde, confinar al Papa a un pequeño territorio dentro de Roma.
Como embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede durante más de una década, recorrí numerosas regiones italianas y comprobé que, más allá de los grandes acontecimientos políticos, existe una Italia que conserva intactas sus raíces cristianas.
Allí comprendí que los gobiernos pueden transformar instituciones, modificar leyes y apropiarse de bienes materiales, pero no pueden decretar el fin de una fe cuando esta habita en el corazón de un pueblo.
La historia de Italia ofrece una de las paradojas más elocuentes de la relación entre el poder político y la religión.
A lo largo del proceso de unificación nacional del siglo XIX, el nuevo Reino de Italia emprendió una de las mayores confiscaciones de bienes eclesiásticos de la historia europea contemporánea.
Miles de conventos, monasterios, tierras, edificios y propiedades pertenecientes a la Iglesia católica pasaron a manos del Estado o fueron vendidos a particulares.
Sin embargo, mientras el Estado logró apropiarse de un inmenso patrimonio material, fracasó en su propósito de debilitar la profunda religiosidad que durante siglos había arraigado en el corazón del pueblo italiano.
La confiscación de los bienes eclesiásticos decretada por el Reino de Italia en 1867 constituyó uno de los episodios más trascendentales de la construcción del Estado italiano moderno.
Mediante la Ley n.º 3848, del 15 de agosto de 1867, el gobierno profundizó el proceso de secularización iniciado pocos años antes, transfiriendo al Estado una parte considerable del patrimonio perteneciente a órdenes religiosas, conventos, monasterios y otras instituciones eclesiásticas.
Aquella legislación no respondió únicamente a necesidades financieras, sino también a un proyecto político mucho más amplio: consolidar la autoridad del nuevo Estado nacional surgido de la unificación italiana y reducir el extraordinario poder económico y social que la Iglesia había acumulado durante siglos.
Estas medidas deben entenderse dentro del contexto del Risorgimento, el movimiento político que culminó con la proclamación del Reino de Italia en 1861.
Los gobiernos liberales que dirigieron la unificación nacional, inspirados por los ideales del Estado moderno y la separación entre la autoridad civil y el poder eclesiástico, consideraban indispensable disminuir el peso económico y político de la Iglesia.
Además, el nuevo Estado enfrentaba una gravísima situación financiera.
Las guerras de independencia habían generado una pesada deuda pública y era necesario obtener recursos para construir carreteras, ferrocarriles, escuelas, cuarteles, tribunales y una administración nacional unificada.
Desde la perspectiva de los dirigentes liberales, el vasto patrimonio inmobiliario de la Iglesia representaba una riqueza inmovilizada que debía ponerse al servicio de toda la nación.
Para la Santa Sede, por el contrario, aquellas leyes constituyeron una profunda injusticia, pues atentaban contra bienes destinados al culto, la asistencia social, la educación y la vida religiosa.
Esa diferencia de concepción explica buena parte del prolongado enfrentamiento que marcaría las relaciones entre el Estado italiano y la Iglesia durante más de seis décadas.
La legislación de 1867 dio continuidad a un proceso iniciado con la Ley n.º 3036, de 7 de julio de 1866, mediante la cual fueron suprimidas numerosas corporaciones religiosas.
La nueva ley amplió considerablemente las facultades estatales para incorporar al patrimonio nacional bienes pertenecientes a comunidades religiosas, administrar esos inmuebles y proceder posteriormente a su venta mediante subastas públicas cuando así lo estimara conveniente.
Aunque numerosas iglesias permanecieron abiertas al culto y continuaron desarrollando su misión pastoral, miles de conventos, monasterios, casas religiosas, tierras agrícolas y edificios históricos dejaron definitivamente de pertenecer a las órdenes religiosas que los habían construido y conservado durante siglos.
Las consecuencias económicas fueron inmensas.
El Estado incrementó notablemente su patrimonio inmobiliario y obtuvo ingresos extraordinarios mediante la venta de propiedades confiscadas.
En muchas regiones italianas cambió profundamente la estructura de la propiedad agraria y urbana.
Antiguos conventos fueron convertidos en escuelas, hospitales, oficinas públicas, cuarteles, tribunales o edificios administrativos.
Desde una perspectiva estrictamente patrimonial, pocas transformaciones fueron tan profundas en la historia contemporánea italiana.
Pero el impacto político resultó aún mayor.
Las confiscaciones agravaron el conflicto entre el Reino de Italia y la Santa Sede, alimentando la llamada Cuestión Romana.
Tras la progresiva desaparición de los Estados Pontificios y la incorporación de Roma al Reino de Italia en 1870, los Papas rechazaron reconocer plenamente la legitimidad del nuevo Estado y se consideraron durante décadas “prisioneros en el Vaticano”.
Solo la firma de los Pactos de Letrán, el 11 de febrero de 1929, entre el Reino de Italia y la Santa Sede, puso término oficialmente a aquel largo conflicto institucional.
Sin embargo, la historia ofrece aquí una extraordinaria paradoja.
Mientras el Estado confiscaba edificios, conventos y propiedades, no consiguió apropiarse de aquello que verdaderamente daba vida a esos lugares: la Fe de millones de italianos.
Un ejemplo particularmente ilustrativo puede encontrarse en el antiguo Convento de los Capuchinos de Montesano sulla Marcellana, fundado en 1590 en el Vallo di Diano, provincia de Salerno.
Durante más de dos siglos el convento constituyó uno de los principales centros espirituales de toda la región.
Como tantos otros establecimientos religiosos italianos, fue alcanzado por las leyes de secularización del nuevo Reino de Italia.
Los frailes perdieron la propiedad del convento, el edificio pasó posteriormente a manos privadas y solo en tiempos recientes fue donado al Ayuntamiento de Montesano sulla Marcellana, que desarrolla importantes trabajos de restauración y recuperación patrimonial.
Pero mientras cambiaba el propietario del edificio, permanecía intacta la devoción popular que durante generaciones había florecido en torno a aquel convento.
La Fiesta de San Antonio de los Capuchinos continúa celebrándose cada año desde el siglo XVII y constituye una de las tradiciones religiosas más antiguas y mejor conservadas del sur de Italia.
La celebración solemne tiene lugar el 13 de junio y culmina el último domingo del mismo mes, reuniendo a miles de fieles, familias y visitantes procedentes tanto de Italia como de numerosos países donde residen emigrantes originarios de Montesano.
En una época en que muchas sociedades occidentales experimentan un progresivo alejamiento de sus raíces religiosas y culturales, resulta particularmente significativo comprobar cómo pequeñas comunidades italianas continúan preservando tradiciones que han sobrevivido a guerras, epidemias, revoluciones, invasiones napoleónicas, la unificación nacional, dos guerras mundiales, el fascismo, la reconstrucción republicana y las profundas transformaciones económicas y sociales del siglo XX.
San Antonio de Padua, nacido en Lisboa hacia 1195 y fallecido en Padua en 1231, continúa siendo una de las figuras más queridas del cristianismo.
Doctor de la Iglesia, brillante predicador franciscano y símbolo permanente de la caridad cristiana, su devoción fue difundida con extraordinaria intensidad por los frailes capuchinos desde el siglo XVI, especialmente en el sur de Italia, donde sus conventos llegaron a convertirse en auténticos centros espirituales y sociales para numerosas comunidades rurales.
Las imágenes difundidas durante la presente edición de la festividad muestran una celebración extraordinariamente viva.
Procesiones multitudinarias, solemnes ceremonias litúrgicas, bandas musicales, conciertos, fuegos artificiales y una intensa participación popular evidencian que aquella tradición mantiene intacta su capacidad de convocar a la comunidad.
Las redes sociales permiten hoy que cientos de miles de personas contemplen una fiesta que durante siglos fue conocida únicamente dentro del ámbito local, demostrando que la modernidad tecnológica no necesariamente implica la desaparición de las tradiciones religiosas.
La presencia de importantes conciertos dirigidos por destacados maestros confirma además la estrecha relación que históricamente ha existido en Italia entre la música, la religiosidad popular y las fiestas patronales.
Desde hace siglos, las bandas municipales constituyen auténticas escuelas populares de formación musical y forman parte inseparable del patrimonio cultural italiano.
La historia de Montesano sulla Marcellana permite comprender una realidad frecuentemente olvidada cuando Italia se analiza únicamente desde perspectivas políticas o económicas.
La fortaleza de la nación italiana no reside exclusivamente en sus instituciones estatales, sino también en miles de pequeñas comunidades que han sabido conservar, generación tras generación, un patrimonio espiritual, religioso, familiar y cultural extraordinariamente sólido.
La experiencia italiana tampoco constituye un caso aislado.
Durante los siglos XVIII, XIX y XX, diversos gobiernos intentaron limitar la influencia de la Iglesia mediante confiscaciones de bienes, expulsiones de órdenes religiosas y amplios procesos de secularización.
Ocurrió durante la Revolución Francesa, con las desamortizaciones en España, en Portugal tras la revolución liberal, en México durante la Guerra Cristera y posteriormente bajo distintos regímenes comunistas de Europa oriental.
En casi todos esos casos los Estados lograron apropiarse de edificios, tierras y bienes materiales, pero fracasaron en su intento de erradicar la religiosidad popular.
La historia parece confirmar una constante.
Los gobiernos pueden modificar las leyes, nacionalizar conventos, vender monasterios, cerrar instituciones religiosas o transformar iglesias en edificios públicos.
Lo que difícilmente pueden hacer es decretar la desaparición de la fe cuando esta forma parte de la identidad profunda de un pueblo.
La experiencia de Montesano sulla Marcellana constituye una demostración elocuente de esa verdad histórica.
Casi cuatro siglos después del nacimiento de la devoción a San Antonio de los Capuchinos y más de siglo y medio después de que el Estado italiano confiscara el convento y expulsara a los frailes, miles de personas continúan reuniéndose cada año para honrar al santo.
Las piedras cambiaron de dueño; la Fe no.
Esa permanencia explica por qué Italia continúa siendo, pese a todas las transformaciones políticas de su historia, uno de los grandes centros espirituales del cristianismo.
Sus pequeñas comunidades siguen custodiando un patrimonio religioso que ninguna revolución, ninguna confiscación y ningún gobierno han conseguido borrar.
Allí reside, quizá, una de las mayores lecciones de la historia italiana: las instituciones pueden ser perseguidas y los bienes materiales confiscados, pero la fe, cuando vive en el corazón de un pueblo, termina sobreviviendo a todos los poderes temporales.
Fuentes: Ley n.º 3036, de 7 de julio de 1866; Ley n.º 3848, de 15 de agosto de 1867; Pactos de Letrán de 1929; documentación histórica del antiguo Convento de los Capuchinos de Montesano sulla Marcellana; estudios sobre el Risorgimento, la Cuestión Romana y la historia de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos; documentación histórica sobre San Antonio de Padua y la tradición religiosa del Vallo di Diano.