La Suprema Corte de Estados Unidos suele dejar sus decisiones más importantes para los últimos días de su período de sesiones, el cual corre desde el primer lunes de octubre hasta el 30 de junio de cada año. Este año no fue diferente. Varios casos generaron expectativas en la opinión pública y particularmente en quienes dan seguimiento a esta alta corte de Estados Unidos, la cual es, sin duda, la más influyente del mundo.
El caso que generó más atención este año fue el denominado Trump v. Barbara sobre la cuestión de la ciudadanía, lo que en nuestro derecho denominamos nacionalidad. Con un margen más estrecho de lo que originalmente se pensó, la Corte decidió que la Enmienda XIV de la Constitución garantiza que toda persona que nace en Estados Unidos, con limitadas excepciones, tiene derecho a la ciudadanía estadounidense. Es lo que se denomina jus soli, es decir, el reconocimiento de la ciudadanía (o nacionalidad) por el lugar de nacimiento, a diferencia del jus sanguini, que lo hace por la sangre o filiación. Dos jueces conservadores y las tres juezas liberales decidieron, invocando dicha enmienda, revocar una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que le negaba la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas que se encontrasen temporalmente en el país. Un sexto juez -conservador también- se sumó a la decisión, pero lo hizo invocando una legislación federal y no la Enmienda XIV.
La discusión jurídica y política que desató esta decisión hizo que, de alguna manera, quedara relegada a un segundo plano una sentencia que ensancha los poderes presidenciales y afecta directamente el Estado administrativo. Se trata de la decisión denominada Trump v. Slaughter, la cual dispuso, con el voto favorable de los seis jueces conservadores y la oposición de las tres juezas liberales, que el presidente de Estados Unidos puede remover a los miembros de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) sin necesidad de invocar causa alguna. Esta decisión sirve de base para que el presidente de Estados Unidos pueda destituir discrecionalmente a los miembros de las diferentes agencias regulatorias, con excepción de los miembros de la Reserva Federal, pues en otra decisión la Suprema Corte descartó esta posibilidad contrariando el deseo del presidente Trump.
La sentencia en el caso Slaughter revocó una jurisprudencia que se estableció en 1935 cuando el presidente demócrata Franklin D. Roosvelt destituyó precisamente al presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Suprema decidió unánimemente, en el caso Humphrey´s Executor v. United States, limitar considerablemente el poder del presidente para destituir a funcionarios de las agencias independentes. En cambio, en su reciente decisión, la Suprema dio un giro jurisprudencial brusco para ampliar los poderes del presidente y permitir que este pueda destituir, sin invocar causa válida alguna, a cualquier miembro de las agencias reguladoras que por ley cuenten con períodos de inamovilidad.
La regulación económica a través de agencias independientes es una hechura del sistema jurídico estadounidense, por lo que las decisiones que tome la Suprema Corte de Estados Unidos en esta materia terminan, tarde o temprano, influyendo en muchas partes del mundo. Uno de los pilares de la independencia de las agencias reguladoras es que sus funcionarios gocen de períodos inamovibles para que puedan resistir las presiones políticas al momento de tomar decisiones. Se trata de agencias con un alto componente técnico, que suelen decidir asuntos muy complejos en los que, además, se entrecruzan fuertes intereses entre quienes reclaman regulación en defensa de la competencia, los derechos de los usuarios o la protección del medio ambiente, por ejemplo, y quienes demandan desregulación para beneficio normalmente de las grandes empresas. Lograr un balance idóneo entre estos enfoques es una tarea compleja que requiere, precisamente, agencias independientes.
La base conceptual de esta nueva jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos es la denominada “doctrina unitaria” del Poder Ejecutivo, esto es, el criterio de que el presidente tiene una potestad prácticamente sin límites para dirigir toda función ejecutiva. Esta doctrina no es nueva, sino que comenzó a articularse en el Departamento de Justicia durante los años de la presidencia de Ronald Reagan, pero no fue hasta ahora que una Suprema Corte de mayoría ultraconservadora le dio validez constitucional. Los presidentes caudillistas latinoamericanos hubiesen estado felices si hubiesen encontrado juristas que le articulasen una doctrina de este tipo para justificar sus poderes ilimitados.
La decisión en el caso Slaughter se suma a otra decisión que adoptó la Suprema Corte en 2024 en el caso Loper Bright Enterprises v. Raimondo. Esta última revocó la jurisprudencia que estableció en 1984 la sentencia Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, en la cual la Suprema Corte había decidido que los tribunales tuvieran deferencia frente a las interpretaciones que hicieran las agencias reguladoras con respecto a las leyes que tuvieran vacíos, ambigüedades o margen de interpretación, lo cual es muy común en materias tan complejas técnicamente. Es decir, eliminó lo que se conoce como la deferencia Chevron. A partir de Loper Bright Enterprises los tribunales dejarán de tener deferencia frente a las agencias reguladoras y ejercerán un escrutinio mucho más estricto sobre las interpretaciones que hagan dichas agencias respecto de las legislaciones que le otorgan sus competencias, sin que necesariamente los tribunales tengan la competencia técnica para hacerlo.
Estas dos decisiones -primero Loper Bright Enterprises y luego Slaughter– debilitan significativamente la capacidad del Estado para ejercer su función reguladora con independencia técnica y política. Esto da pie también a una mayor politización de las agencias reguladoras, ya que cada presidente podrá remover discrecionalmente a los miembros de dichas agencias, aun si la ley le otorga períodos de inamovilidad, si estas no siguen las instrucciones presidenciales. En resumen, con estas decisiones judiciales se socava la capacidad técnica de las agencias reguladoras y se les resta independencia política e institucional, lo que se socava uno de los pilares básicos del Estado administrativo moderno.