Hay un activo que la República Dominicana no cotiza en bolsa alguna y que, sin embargo, sostiene buena parte de lo que constituye un país colocado en el mismo trayecto de la certidumbre: la estabilidad política. No aparece en los balances de las empresas que deciden invertir aquí y no en Honduras, ni en Haití, ni en cualquier otro país de la región donde la confianza es un lujo intermitente.
Ese activo está ahí, operando como garantía tácita, como el suelo firme sobre el que se construyen planificaciones a cinco y diez años. Es un intangible y, como todos los intangibles, se nota más cuando falta que cuando sobra.
El sistema de partidos dominicano no merece indulgencias. Sus organizaciones exhiben una calidad raquítica en la formación de cuadros pensantes, de reformadores con vocación de Estado. Sus núcleos están poblados de oportunistas que entienden la política como trampolín de movilidad social antes que como servicio público, y hay segmentos enteros que han corporativizado la militancia hasta convertirla en negocio rentable, con sus propias cadenas de valor y sus beneficiarios.
Todo eso es cierto, es verificable y no hace falta suavizarlo. Pero también es cierto que, pese a esa pobreza institucional, el país ha logrado sostener algo que muchos de sus vecinos no pueden: una estabilidad política que no se ha roto en más de sesenta años. Ahí está la paradoja que vale la pena mirar de frente.
El PRSC, el PRD, el PLD, el PRM han sido, cada uno a su manera, blanco legítimo de crítica dura. Se les puede acusar de clientelismo, de mediocridad programática, de rotar las mismas caras con distintos colores. Pero, en un terreno, han actuado como si existiera entre ellos un convenio no escrito: preservar la estabilidad política y la paz social.
La diferencia real entre esas siglas no es doctrinaria; es cromática. Lo que los une, más allá de la bandera que enarbolen, es una convicción compartida sobre lo que no se debe tocar. Ese acuerdo tácito ha funcionado como una suerte de constitución informal, más eficaz, muchas veces, que la escrita.
Por eso no tengo candidato presidencial favorito. No porque la elección me sea indiferente, sino porque quien aspire a la presidencia dominicana sabe, o debería saber, que ese activo intangible es demasiado costoso para arriesgarlo. La estabilidad política no es propiedad de un partido; es el patrimonio común que todos administran mientras están en el poder, sabiendo que la próxima vez podrían estar del otro lado.
El problema no es la ausencia de ese convenio. Es que el sistema necesita otro que, hasta ahora, no ha firmado: el de las reformas estructurales que le den largo aliento a la estabilidad que ya tiene. Una reforma eléctrica que, de una vez, cierre el ciclo de subsidios insostenibles y pérdidas técnicas disfrazadas de política social. Una reconfiguración fiscal que abandone la regresividad actual y construya un sistema progresivo, justo, eficiente en su recaudación, capaz de financiar desarrollo con inversión social real. Cazar fuera del zoológico: integrar a los omisos, a los que hoy viven fuera del radar tributario, en lugar de seguir exprimiendo siempre a los mismos contribuyentes cautivos. Y desmontar los viejos incentivos que ya no incentivan nada, esas exenciones añejas que se volvieron privilegio heredado y que no resistirían una auditoría seria si alguien tuviera el valor político de ordenarla.
Sin ese segundo convenio, el primero empieza a erosionarse. La estabilidad política no es un estado permanente, garantizado por inercia; es un equilibrio que se sostiene mientras las condiciones materiales no lo desafíen demasiado. Y las condiciones materiales están cambiando. La decepción social existe, es medible en cada encuesta, en cada conversación de colmado, en cada silencio cargado de las redes. No es ruido pasajero. Es la antesala de algo.
Cuando el intangible de la estabilidad empieza a bajar la escalera hacia el foso, no lo hace de golpe. Baja escalón por escalón, con cada promesa incumplida, con cada reforma pospuesta, con cada élite que confunde gobernar con administrar privilegios. Y, en algún punto de esa escalera, aparece la puerta que toda decepción social termina abriendo: la del advenedizo que promete romperlo todo porque, a esa altura, romperlo todo ya no asusta a nadie. Ese es el verdadero riesgo que corre el país. No es el color de la próxima bandera en el Palacio, sino la posibilidad de que el convenio que nos ha sostenido deje de tener firmantes.
Samuel Huntington lo advirtió hace más de medio siglo en “El orden político en las sociedades en cambio”: la distinción que separa a las naciones no es su forma de gobierno, sino su grado de gobierno, y la estabilidad que no evoluciona junto a sus instituciones no se vuelve más sólida con el tiempo; se hace más frágil. Para Huntington, la decadencia política era tan probable como el desarrollo; depende de si las instituciones logran absorber la presión social antes de que esta desborde los cauces existentes. República Dominicana ha comprado tiempo con estabilidad. Lo que no ha comprado todavía es institucionalidad a la altura de esa estabilidad, y esa factura, tarde o temprano, se cobra.