El proximo 2028 veremos las luces están encendidas. Los moderadores tienen preparadas sus preguntas. Los demás candidatos ocupan sus posiciones. Millones de ciudadanos esperan escuchar propuestas sobre seguridad, empleo, salud, educación, migración, corrupción y costo de vida.
Pero uno de los podios permanecera vacío.
Ese espacio desocupado no representa solamente la ausencia física de un candidato presidencial. Es una declaración política sin palabras. Puede transmitir miedo al cuestionamiento, arrogancia frente al electorado o la idea de que quien encabeza las encuestas ya no necesita explicar cómo pretende gobernar.
En una democracia, el silencio también comunica. Y, algunas veces, acusa.
La recomendación de no acudir a un debate puede parecer electoralmente inteligente. Los estrategas suelen argumentar que un candidato con ventaja no debe exponerse a cometer errores, responder preguntas incómodas o conceder visibilidad a adversarios que aparecen rezagados.
Desde la aritmética de campaña, el razonamiento puede parecer lógico: quien va ganando tiene más que perder que ganar.
Sin embargo, una elección presidencial no es solamente una competencia por votos. Es el proceso mediante el cual una sociedad entrega poder, presupuesto, autoridad, seguridad y capacidad de decisión a una persona durante cuatro años. Por eso, reducir el debate a un cálculo sobre riesgos comunicacionales significa colocar los intereses de la candidatura por encima de los derechos democráticos de los ciudadanos.
La democracia no puede depender de la conveniencia
Los debates electorales todavía están construyéndose como institución en la República Dominicana. No poseen la tradición de otros sistemas políticos ni están completamente incorporados a nuestra cultura electoral.
ANJE comenzó a organizar encuentros electorales en 1998 y realizó el primer debate presidencial dominicano en 2016. En 2024 se produjo otro avance histórico: Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez participaron en un mismo escenario, y Abinader se convirtió en el primer presidente dominicano en funciones que acudía a un debate electoral durante su campaña de reelección.
Aquello no fue solamente un programa de televisión. Fue un paso hacia la normalización de la rendición de cuentas electoral.
Cada debate celebrado fortalece la expectativa de que quien aspira a dirigir el Estado debe presentarse ante la ciudadanía, defender sus propuestas y responder cuestionamientos. Cada ausencia injustificada, en cambio, erosiona esa expectativa.
Por eso, cuando un candidato decide no asistir por recomendación de sus asesores, no solo evita un evento. Interrumpe un proceso institucional que ha requerido décadas de esfuerzos para consolidarse.
El precedente sería peligroso: si la estrategia funciona, los futuros candidatos que encabecen las encuestas también podrían negarse a debatir. Después lo harían quienes teman una mala actuación. Más adelante, cualquiera podría alegar que el formato no le conviene, que los moderadores no le inspiran confianza o que sus adversarios no poseen suficiente respaldo.
Así, el debate dejaría de ser una responsabilidad democrática y se convertiría en una actividad opcional, aceptada únicamente cuando favorezca al candidato.
Las instituciones no siempre desaparecen mediante una gran ruptura. Muchas veces mueren lentamente, excepción tras excepción, hasta que la excepción termina convertida en regla.
El derecho a saber antes de elegir
La ausencia de un candidato presidencial no vulnera directamente el derecho al voto ni constituye automáticamente un acto de censura. Tampoco puede afirmarse, sin una obligación legal expresa, que el candidato comete por su sola inasistencia una infracción constitucional.
Pero esa legalidad formal no elimina su impacto democrático.
Impacto democrático de la ausencia
El artículo 49 de la Constitución dominicana reconoce la libertad de expresión e información y establece que toda persona tiene derecho a buscar, investigar, recibir y difundir información.
Un debate presidencial es precisamente uno de los mecanismos que permiten materializar ese derecho durante una campaña. Ofrece a los electores información directa, simultánea y comparable. No se trata de escuchar discursos preparados por separado, entrevistas previamente negociadas o anuncios cuidadosamente editados. Se trata de observar cómo cada candidato responde ante las mismas preguntas y bajo condiciones semejantes.
Cuando una candidatura se retira de ese ejercicio, no elimina jurídicamente el derecho a la información, pero reduce en la práctica una de sus fuentes más transparentes.
La ciudadanía conserva su derecho a votar, pero dispone de menos elementos para hacerlo de manera informada.
Esa diferencia es fundamental. Las libertades públicas no se debilitan únicamente cuando una autoridad las prohíbe. También pueden deteriorarse cuando quienes buscan ejercer el poder evitan voluntariamente los mecanismos que permiten a los ciudadanos examinarlos.
Una candidatura presidencial no es una iniciativa privada que deba rendir cuentas únicamente a sus accionistas. Quien solicita el voto está pidiendo administrar recursos públicos, representar al Estado, dirigir las Fuerzas Armadas, designar funcionarios y tomar decisiones que afectarán la vida de millones de personas.
Por tanto, comparecer ante el electorado no debería entenderse como un favor. Es una responsabilidad política.
Lo que puede ver el elector
Ante un podio vacío, los votantes no reaccionarán de una sola manera.
Los seguidores más leales probablemente justificarán la ausencia. Repetirán que el candidato no necesita exponerse, que el debate es una trampa o que su ventaja electoral habla por sí sola.
Los adversarios convertirán el espacio desocupado en evidencia de temor, debilidad o incapacidad.
Pero la reacción decisiva puede producirse entre los electores independientes, moderados e indecisos. Para ellos, la ausencia podría despertar preguntas difíciles: ¿por qué no quiso responder? ¿Qué tema intenta evitar? ¿No domina suficientemente sus propuestas? ¿Cómo enfrentará una crisis nacional si rehúye una confrontación democrática organizada?
En la era de las redes sociales, además, el podio vacío puede adquirir más fuerza simbólica que muchas intervenciones. Se convertiría en fotografía, video, meme, titular y tendencia. Mientras los demás candidatos hablarían durante dos horas, el ausente podría terminar protagonizando toda la conversación.
La campaña que intentó evitar un riesgo podría crear uno mayor.
Porque los ciudadanos no solamente evalúan programas. También observan carácter, preparación, autocontrol, coherencia y capacidad para actuar bajo presión. Los debates permiten examinar esas cualidades, aunque la investigación académica advierta que su efecto directo sobre el resultado electoral no siempre es grande. Su valor democrático está también en aumentar el conocimiento, contrastar posiciones y revelar información sobre los candidatos.
Un debate no garantiza un buen presidente. Pero la negativa a debatir puede ofrecer información importante sobre la manera en que una persona entiende el poder.
Cuando la estrategia funciona o cuando fracasa
La historia reciente demuestra que ausentarse puede producir resultados distintos. Donald Trump decidió no participar en los debates de las primarias republicanas de 2023, argumentando que su amplia ventaja hacía innecesario exponerse ante sus rivales; la estrategia funcionó electoralmente y terminó obteniendo la nominación republicana. En Argentina, Daniel Scioli, entonces favorito, faltó al primer debate presidencial de 2015; su silla vacía se convirtió en uno de los principales ataques de sus adversarios, tuvo que acudir posteriormente al debate de segunda vuelta y terminó perdiendo frente a Mauricio Macri. En el Reino Unido, Theresa May evitó los principales debates televisivos durante las elecciones de 2017, perdió la mayoría parlamentaria que esperaba ampliar y, años después, reconoció que debió haber participado.
Estos casos dejan una enseñanza: la ausencia puede funcionar cuando el candidato posee una base extraordinariamente sólida y domina por completo la conversación política. Pero también puede reforzar la percepción de desconexión, exceso de confianza o temor al escrutinio.
Y aun cuando funcione electoralmente, eso no significa que sea saludable para la democracia.
Una estrategia puede ayudar a ganar una elección y, al mismo tiempo, dañar las instituciones que sostienen el sistema electoral.
El precedente de 2028
En junio de 2024, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto que buscaba establecer debates electorales obligatorios a partir de 2028 y contemplaba sanciones relacionadas con los espacios de promoción para quienes se negaran a participar.
La iniciativa refleja una preocupación legítima: los debates no deberían depender exclusivamente de la voluntad o conveniencia de las campañas.
Sin embargo, una ley por sí sola no creará cultura democrática. También será necesario garantizar reglas equilibradas, moderadores independientes, criterios transparentes de participación, igualdad razonable en los tiempos y formatos que privilegien las propuestas sobre el espectáculo.
La obligatoriedad puede discutirse jurídicamente. Lo que no debería discutirse políticamente es el deber moral de comparecer.
Un candidato presidencial tiene derecho a cuidar su estrategia. Pero la ciudadanía posee un interés superior: conocer, comparar y evaluar a quienes pretenden gobernarla.
Presentarse también es gobernar
La República Dominicana necesita avanzar hacia campañas donde los ciudadanos no sean tratados únicamente como receptores de propaganda, sino como adultos capaces de escuchar argumentos, detectar contradicciones y tomar decisiones.
Un candidato que aspira a ocupar el Palacio Nacional debe estar dispuesto a defender su visión frente a sus adversarios y ante todo el país.
Puede equivocarse. Puede recibir críticas. Puede perder una discusión. Esa es precisamente la naturaleza de la democracia: nadie debe aspirar a gobernar desde una zona de comodidad permanente.
El debate es uno de los pocos momentos de la campaña en que el poder todavía no pertenece a ninguno de los candidatos y todos deben responder en condiciones relativamente similares.
Por eso, el podio vacío no debe ser considerado una simple decisión de agenda. Debe formar parte de la evaluación electoral.
Quizá la ausencia no viole directamente una ley. Quizá incluso resulte rentable en las encuestas. Pero cuando alguien pide dirigir una nación y decide no presentarse ante ella, la pregunta que queda flotando es inevitable:
¿Cómo podrá enfrentar los problemas del país quien ni siquiera está dispuesto a enfrentar las preguntas de sus ciudadanos?