En el vocabulario popular dominicano cuando queremos decir que algo se hace de manera rápida, descuidada, sin la debida planificación, utilizamos la frase «a la brigandina», la cual tiene su génesis según los relatos en la construcción de puentes de forma sumamente rápida durante la primera invasión norteamericana de principios del siglo pasado por una empresa llamada “Bridge and Dine”, los cuales terminaron presentando fallas o colapsando.
Y recordamos esto porque es precisamente lo que debemos evitar hacer, luego de los potentes y devastadores terremotos ocurridos en La Guaira en Venezuela en junio pasado en el perdieron la vida más de seis mil personas, y el que acaba de suceder en Colombia en San José del Palmar en el departamento de Chocó, el cual afectó otros departamentos como el del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, lugar donde hacía apenas 3 días se había celebrado la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, quien decidió realizarla allí y no en la ciudad de Bogotá, y donde se reunieron jefes de Estado y misiones de diversos países, incluyendo nuestro Presidente, habiendo sufrido daños incluso el lugar donde se celebró, la Arena de la Universidad Santiago de Cali.
Aunque es usual que proliferen las publicaciones y entrevistas de expertos luego de eventos sísmicos como estos, el problema es que luego la atención se desvía y la ocupación se descuida, y eso es lo que no debemos permitir que vuelva a suceder, pues sin que hubiera un terremoto hace poco vivimos el fatídico desplome de la discoteca Jet Set que causó la muerte de 236 personas y cientos de heridos, lo que significó una dura prueba para nuestros organismos de prevención de desastres y fuerzas de rescate que trabajaron incansablemente con los instrumentos a su alcance, por eso solo pensar en la ocurrencia de un evento imprevisible como un terremoto aterra, y no basta con pedir a Dios que nos guarde.
Todos sabemos que nuestras ciudades han crecido de forma desordenada, que los planes de ordenamiento territoriales apenas comienzan a ser discutidos y aprobados intentando equilibrar intereses y situaciones, que nuestros ayuntamientos han carecido de los debidos recursos y que el otorgamiento de permisos de uso de suelo muchas veces responde más a intereses pecuniarios por prebendas recibidas que a criterios racionales, que no contamos con los debidos niveles de inspección, supervisión y control, no existiendo siquiera cumplimiento de aforos, lo que muchos aprendieron existía con la pandemia del covid-19; y que al mismo tiempo el crecimiento económico del país motorizó el del sector de la construcción, el cual no se ha hecho a la par del aumento de la capacidad de los servicios públicos, existiendo una total desconexión entre el perfil urbano cada vez más alejado de las casas de un solo piso preponderando las edificaciones, que se han ido elevando hasta alcanzar al momento 45 pisos, sin que tengamos camiones de bomberos equipados para alcanzarlos, los cuales en promedio llegan a 10/12 niveles, ni adecuada regulación y supervisión de que cada una de las edificaciones cumpla con los reglamentos vigentes, y pueda ajustarse a cumplir con las nuevas normativas pendientes.
Por presión del crecimiento y con el interés de no convertirse en retranca para el desarrollo de proyectos inmobiliarios la Alcaldía del Distrito Nacional ha ido aumentando los rangos de altura y densidad poblacional, habiéndose anulado algunas ordenanzas, pero al mismo tiempo la mala práctica de valerse de un permiso obtenido para una cosa, para hacer modificaciones en el camino para lograr otra, sigue existiendo hasta que encuentra como obstáculo la acción decidida de una junta de vecinos dispuesta a ejercer acciones judiciales.
Sería una irresponsabilidad mayúscula que no tomemos estos avisos de la naturaleza como una oportunidad para revisarnos a profundidad, para modificar ordenanzas municipales, actualizar normativas y empezar a repensar las ciudades no solo desde el punto de vista de cuantos edificios pueden construirse y cuán rápidamente se obtienen los permisos del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, sino de cómo los habitantes de estos podrán ser atendidos adecuadamente con los servicios públicos correspondientes, cómo se regulará y atemperará el impacto a su entorno, y cuánta capacidad tenemos para manejar los eventos catastróficos y mitigar sus efectos, con suficientes inspectores que verifiquen cumplimientos, y brigadas de bomberos, socorro y rescate dotadas del equipamiento y entrenamiento correspondientes, con planes de evacuación debidamente señalizados, educación y entrenamiento de la población con simulacros recurrentes. Continuar sin prestar la debida atención a las señales y no hacer lo necesario, sería actuar a la “brigandina”, y nuestra historia nos cuenta lo que eso significa.