El aspecto político de la persecución judicial de la corrupción administrativa y la lucha contra la impunidad son temas centrales de la propaganda oficial.

Desde 1961, cuando el país salió de la larga noche oscura del trujillismo hace 61 años, dos aspectos fundamentales del ordenamiento social y político permanecen con el menor índice de cambio o mejoramiento: el sistema judicial y el funcionamiento de la Policía. La instrucción pública es tema aparte.

Hay notables progresos económicos. Desde 1961, cuando el Producto Interno Bruto bajó más de un 20 % a sólo US$650 millones, o sea, menos de US$200 per cápita anual con una población de 3.4 millones, la economía dominicana ha crecido a 140 veces en apenas seis décadas, el mayor crecimiento de América Latina en ese período.

El PIB de 1960 a 2020 promedió US$22.74 mil millones y llegó hasta US$89 mil millones en 2019. La pandemia afectó el crecimiento al punto que el PIB por persona en 2020, de US$8,100, bajó en 2021 a casi US$7,300 per cápita.

Hay un enorme progreso material, pero sin embargo no hay en la proporción que sería dable esperar una mejoría del sistema judicial ni del desempeño policial.

Problemas siameses

Las reformas policial y judicial son como hermanos siameses. Para sanarlos ambos deben ser intervenirlos, simultánea y profundamente, con una voluntad política vista pocas veces. Estos dos gravísimos problemas nacionales, que el presidente Abinader luce empeñado en enfrentar, poseen profundas raíces, distinto a las urgencias de la pandemia o avatares de la economía.

La Justicia quizás ha mejorado en seis décadas, con altibajos que incluyen la creación de un Tribunal Constitucional, un Consejo de la Magistratura e importantes modificaciones a códigos y leyes. Pero el Ministerio Público todavía cojea tanto, que el propio presidente alega que es su llegada al poder lo que marca el inicio de su independencia. Incluso, es la excusa para un intento de una nueva reforma constitucional.

El aspecto político de la persecución judicial de la corrupción administrativa y la lucha contra la impunidad son temas centrales de la propaganda oficial.

Pero dos facetas son esenciales para descifrar la cuestión del desmadre policial. Una es el irrespeto de la Policía por la imprescindible legalidad de que un fiscal acompañe sus actuaciones como fuerza al servicio de la Justicia. La otra es cómo empobrece a policías corruptos el éxito gubernamental de la más grande y exitosa campaña de interdicción de drogas jamás hecha aquí.

La corrupción y la impunidad, ambas, dependen para su éxito de la debilidad de la Justicia y de la Policía. Conceptos abstractos para análisis, son realidades concretas que generan grandes fortunas ilícitas.

Rumbo actual

A fines del 2021, un Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial, creado por Abinader mediante decreto, rindió un extenso reporte con recomendaciones cuya aplicación retrasó la pandemia.

El viernes, con el país estremecido por consecutivas denuncias de brutalidad policial, Abinader dijo: “Yo tengo esta responsabilidad con el país. No importa el costo político que tenga que pagar, ¡no importa! Vamos a reformar la Policía. No en este período, eso va a tomar años; pero sí la vamos a empezar. Ustedes van a ver cambios, en los próximos meses. Es una responsabilidad que yo tengo”.

Recientemente el expresidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, opinó que reformar la Policía es la tarea más difícil que enfrenta el Gobierno. Abinader y Subero se referían por separado a los asesinatos de tres jóvenes mientras estaban detenidos en recintos policiales en Santo Domingo, Santiago y San José de Ocoa.

“El problema de la Policía es estructural, educativo; no es desbaratar esta Policía y hacer una nueva. Una Policía no se hace, se va forjando. El primer error es bajarle la autoestima al policía. Eso lo hacen los propios jefes de la Policía. Eso no se reforma aumentando el sueldo, sino educando a los policías para que sean policías”, dijo Subero en el programa Reseñas del periodista Rafael Núñez.

Casi simultáneamente, la Cámara de Cuentas reveló que, en la administración de los fondos presupuestales asignados a la Policía, hay innumerables violaciones de las normas de contabilidad gubernamental.

El director de la Policía reaccionó a los escándalos alegando que cuando uno o dos policías delinquen la prensa culpa a todos los 38,000 agentes de la institución, “que son quienes protegen a ustedes los ciudadanos”.

Apoyos a Luis

El presidente Abinader posee legítimo poder constitucional y suficiente apoyo político para enfrentar sin miedo a una Policía incapaz de la introspección imprescindible para su reforma. Pocos presidentes han tenido ante sí similar oportunidad de cimentar un duradero, firme y popular liderazgo basado en la legalidad y constitucionalidad, con cohesión social en paz y progreso.

Con una estructura y rango de tipo militar pese a que son civiles armados encargados del orden público defendiendo vidas y propiedades con apego a la legalidad, la Policía ha asumido un rol de adversario de la ciudadanía, a los que considera “civiles” y no “ciudadanos”. Casi todos los conflictos internos de la policía se deben a luchas entre facciones para controlar negocios ilícitos que son fuente del enriquecimiento de muchos oficiales corruptos.

Quizás los policías continúan matando y delinquiendo porque escapan a su responsabilidad escudados en la red de complicidades que corroe a la Policía y al Ministerio Público.

Peor todavía, frecuentemente tras su crimen sigue otro, el asesinato mediático del carácter de su víctima, a quien se difama como si bastase esa descalificación –muchas veces inventada— para justificar lo injustificable.

Un primer paso necesario para consolidar el apoyo que casi toda la sociedad brinda a Luis en el tema policial, es que los delincuentes vestidos de gris padezcan sus merecidas consecuencias. Sólo la ley, drásticamente aplicada, acabará la pertinaz corrupción y brutalidad policial.