El control externo supone un amplio abanico de competencias que incluye la actividad de verificar ex post la actuación del órgano fiscalizado, esto es, recoger, investigar y analizar los hechos producidos para determinar si se corresponden con lo legalmente previsto y presupuestariamente proyectado, funciones instrumentales que la Constitución le niega a la CGR por ser el órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo.

     Tanto la Ley núm. 10-04, de la Cámara de

Cuentas (CC), como la Ley núm. 10-07, de la Contraloría General de la República

(CGR), son anteriores a la Constitución del 26 de enero del 2010, dato

importante no solo porque este último texto diseñó una nueva ingeniería institucional

que obliga a concretar cautelosamente la aplicabilidad de normas

infra-constitucionales previas, sino también porque todo lo que dichas leyes pudiesen

disponer en sentido contrario a la Carta Magna sería nulo de pleno derecho como

establece enérgicamente su art. 6.


     Es cierto que la Ley núm. 10-07 faculta a

la CGR a realizar investigaciones administrativas y a contratar firmas privadas

de auditoría, pero la Constitución vigente circunscribe su poder al control

interno, esto es, a proporcionar seguridad razonable ex ante de la adecuada

recaudación y el debido manejo e inversión de los recursos públicos. Ninguna

ley previa ni posterior pudiera habilitar a la CGR a ejercer el control

externo, reservado a la CC no solo por el art. 248 constitucional y por la Ley

núm. 10-04 que la regula, sino también por el art. 22 de la Ley núm. 10-07.


     El control externo supone un amplio abanico

de competencias que incluye la actividad de verificar ex post la actuación del

órgano fiscalizado, esto es, recoger, investigar y analizar los hechos

producidos para determinar si se corresponden con lo legalmente previsto y

presupuestariamente proyectado, funciones instrumentales que la Constitución le

niega a la CGR por ser el órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo.


     Más aún, en apego a las atribuciones

constitucionales de la CC, el Tribunal Constitucional le desconoció en su

TC/0001/15 “imperio legal para derivar autónomamente responsabilidad de ningún

tipo” a las auditorías realizadas por firmas privadas, sin importar el órgano

público que las contrate. Para que las opiniones y conclusiones den lugar al

establecimiento de responsabilidades, deben ser declaradas por la CC conforme a

los arts. 47 y 48 de la Ley núm. 10-04.


     El órgano extra-poder señalado por la Norma

Suprema para practicar auditorías externas, dotado de autonomía funcional,

administrativa y presupuestaria para asegurar el desempeño objetivo y eficaz de

sus atribuciones, es la CC. La CGR, además de que no goza de autonomía institucional

para garantizar una esfera libre de controles e injerencias del Poder

Ejecutivo, es constitucionalmente incompetente para realizar dichas auditorías,

pues el espacio temporal de control del gasto público que le reconoce la Ley

sustantiva es ex ante, no ex post.