Tanto la Ley núm. 10-04, de la Cámara de

Cuentas, como la Ley núm. 10-07, de la Contraloría General de la República, son

anteriores a la Constitución del 26 de enero del 2010, dato importante no solo

porque este último texto diseñó una nueva ingeniería institucional que obliga a

concretar cautelosamente la aplicabilidad de normas infra-constitucionales

previas, sino también porque todo lo que dichas leyes pudiesen disponer en

sentido contrario a la Carta Magna sería nulo de pleno derecho como establece enérgicamente

su art. 6.


     Es cierto que la Ley núm. 10-07 faculta a

la Contraloría General de la República a realizar investigaciones

administrativas y a contratar firmas privadas de auditoría, pero no con la

finalidad de examinar las actuaciones o gestión de los servidores públicos con

posterioridad. En efecto, la norma suprema de la nación, lo mismo que las

indicadas leyes, circunscriben su autoridad al control interno, esto es, a proporcionar

seguridad razonable ex ante de la adecuada recaudación y el debido manejo e

inversión de los recursos públicos.


     Ninguna ley previa ni posterior pudiera habilitar

válidamente a la Contraloría General de la República a ejercer el control

externo, al menos que no se modifique la Constitución, cuyo art. 248 le reserva

esa función con carácter de exclusividad a la Cámara de Cuentas. Nada distinto

disponen los arts. 7.1, 29 y 30 de la Ley núm. 10-04, que la regula, y el art.

22 de la Ley núm. 10-07.


     El control externo supone un amplio abanico

de competencias, entre las que se destacan, como establece el art. 10 de la Ley

núm. 10-04, la “auditoría externa financiera, de gestión, estudios e

investigaciones especiales” a los entes y órganos sujetos a su ámbito de

aplicación. Como se aprecia, se trata de verificar ex post la actuación del

órgano fiscalizado, de recoger, investigar y analizar los hechos producidos

para determinar si se corresponden con lo legalmente previsto y

presupuestariamente proyectado, potestades instrumentales que, insisto en

repetir, tanto la Constitución como la Ley núm. 10-04 le niegan a la Contraloría

General de la República, que no es más que el órgano rector del control interno

del Poder Ejecutivo.


     Más aún, es una correcta interpretación de

las atribuciones constitucionales y legales de la Cámara de Cuentas, el

Tribunal Constitucional le desconoció en su TC/0001/15 “imperio legal para

derivar autónomamente responsabilidad de ningún tipo” a las auditorías

realizadas por firmas privadas, sin importar el órgano público que las

contrate. Para destruir la presunción de legalidad de los actos u omisiones de

los funcionarios o empleados públicos, es necesario que las opiniones y

conclusiones de las auditorias, estudios e investigaciones especiales

practicadas por la Cámara de Cuentas revelen lo contrario conforme a los arts.

10.5, 45, 47 y 48 de la Ley núm. 10-04.


     Recapitulando: el órgano extra-poder señalado

por la Carta Fundamental para realizar auditorías externas es la Cámara de

Cuentas, la cual está dotada de autonomía funcional, administrativa y

presupuestaria para asegurar el desempeño objetivo y eficaz de sus atribuciones.

La Contraloría General de la República, además de que no goza de autonomía institucional

para garantizar una esfera libre de controles e injerencias del Poder

Ejecutivo, es constitucional y legalmente incompetente para examinar ex post

los estados financieros y presupuestarios de ningún ente u órgano público, pues

el espacio temporal de control del gasto público que le reconocen la Constitución

y las leyes núms. 10-04 y 10-07, es ex ante.