Son muchas las lecciones que deben extraerse de todo este penoso historial y las reflexiones que este debe provocar a todos los niveles, pero hay una acción urgente que  toda la sociedad debería estar reclamando a voces.

Pocas veces en la vida tan rápidamente se puede presenciar la materialización de un pronóstico, que adquiere ribetes cuasi proféticos por haber sido efectuado en público a la vista  de toda una nación, como el que en marzo de 2019 Miriam Germán Brito, a la sazón jueza de la Suprema Corte de Justicia, realizara al entonces Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez, de que “si esto fuera de doble vía, hablaríamos de usted”, en respuesta a la lectura de unas supuestas cartas recibidas con alegatos difamatorios que para la mayoría de la sociedad no tenían ningún valor.

Ese bochornoso y desagradable episodio del Consejo Nacional de la Magistratura en ese momento presidido por Danilo Medina, en nada logró el siniestro propósito de desacreditar a la magistrada Germán, y el efecto negativo que se derivó de este que fue poner en retiro a una figura tan emblemática y valiosa de nuestro aún débil poder judicial se transformó en positivo, pues permitió que el actual presidente de la República Luis Abinader pudiera tomar la decisión de que ella sustituyera  a su inquisidor en el cargo, erigiéndose en un estandarte  de independencia de actuación del Ministerio Público, lo cual era lo opuesto a lo que muchos de sus predecesores hicieron, quienes muchas veces prefirieron poner compañeros de partido, amigos o relacionados de total confianza, que garantizaran que las actuaciones de dicho órgano obedecerían con disciplina partidaria instrucciones  o estarían a la merced de los intereses de su superior.

El voluminoso expediente acusatorio de la denominada Operación Medusa, en sus más de doce mil páginas hizo realidad aquella premonición de que “hablaríamos de usted”, y no solo esa, sino también la que la Magistrada expresó cuando ante tan ofensivo accionar el entonces presidente le pidiera excusas por el hecho de que se hubiera sentido mal ante dicho trato, a lo que ella simplemente respondió “hace tiempo que aprendí que los demás tratan a uno no como uno es, sino como ellos son".

Independientemente de la suerte que correrá la acusación presentada por el Ministerio Público, y de la valoración que hará la justicia de los elementos de prueba presentados en base a los cuales decidirá sobre los imputados quienes gozan de la presunción de inocencia, salta a la vista que ese lastimoso comportamiento en un escenario que debe ser tan solemne como el  del órgano constitucional que reúne a los tres poderes del Estado, se concatena con los hechos perversos denunciados en la acusación, que revelan una horripilante fotografía de lo que se alega fue una estructura delictiva dirigida por quien tenía a su cargo la persecución del crimen con la complicidad de funcionarios amigos y relacionados, y la ineficacia total de los controles y contrapesos ante el efímero poder que este ostentaba.

Muchos sabíamos que la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas ni la realización de procesos supuestamente conforme la misma eran garantía de transparencia, legalidad y legitimidad, por el contrario se denunció ampliamente que esta era inútil para los poderosos que la torcían y una camisa de fuerza para complejizar la operatividad de quienes intentaban cumplirla, y contrario al populista ataque que quiso hacerse contra los funcionarios e instituciones que realizaban procesos bajo la tutela del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo ocurrido demuestra  que trataban de hacer lo correcto garantizando pulcritud en medio de unos niveles tan arraigados de corrupción y una cultura de tolerancia a las comisiones, muy denunciada en el sector público, pero existente también en el privado, que aquí y en muchas partes pretende hacer ver que otorgar un contrato y no recibir nada a cambio es ser un tonto.

Son muchas las lecciones que deben extraerse de todo este penoso historial y las reflexiones que este debe provocar a todos los niveles, pero hay una acción urgente que  toda la sociedad debería estar reclamando a voces, y es la aprobación de la reforma a las leyes de partidos y de régimen electoral, pues mientras nuestras campañas sigan siendo tan irracionalmente costosas, los montos de los aportes y gastos permitidos tan altos y tan vagas las disposiciones y sanciones a su respecto, sobrevivirán malas prácticas para obtener recursos ilícitos unos y favores otros o surgirán otras nuevas, con tal de conquistar o conservar un cargo, o la ingratamente llamada Casa Grande.