Hay que lamentar que el avance no haya incluido a las mujeres, que por el contrario tienen una ligera reducción en la Cámara de diputados, con apenas un 27 por ciento, y en el Senado una más pero sólo 12.5 por ciento de la matrícula. En ambos casos lejos de la cuota mínima de candidaturas que es 40 por ciento, lo que obliga a minuciosa revisión.

Es una pena que las circunstancias por las que atraviesa el país y gran parte del mundo no sean propicias para la gran celebración que merece el cambio de gobierno que tendrá lugar el próximo domingo, cuando se instalará un nuevo Congreso Nacional y los ciudadanos Luis Abinader y Raquel Peña sean juramentados como presidente y vicepresidenta de la nación.


            Hay muchas razones para celebrar,

porque se trata de una gran renovación, no sólo del Poder Ejecutivo, con un

gran equipo ministerial ya anunciado, sino también del Legislativo, en este

último como hace muchos años no se producía, por ejemplo en el Senado donde

apenas repiten 3 de sus 32 miembros, y es relevante que más de la mitad de los

diputados serán debutantes y la mayoría jóvenes menores de 35 años, algo sin

precedente. Positivo también que la primera mayoría ya ha nominada a la

legisladora más joven, Olfanny Méndez de 26 años, como candidata a

vicepresidenta de la Cámara de Diputados.


Hay que lamentar que el avance no haya incluido a las mujeres, que por

el contrario tienen una ligera reducción en la Cámara de diputados, con apenas

un 27 por ciento, y en el Senado una más pero sólo 12.5 por ciento de la

matrícula. En ambos casos lejos de la cuota mínima de candidaturas que es 40

por ciento, lo que obliga a minuciosa revisión.


Muchas expectativas se han tejido tras las victorias electorales de

marzo y julio, especialmente por  haberse

producido superando un inmenso abuso del poder estatal, de la manipulación de

los programas sociales y un gasto desmedido de dinero público. Debe ser

aleccionador que casi todos los senadores perdieran con todo y sus barrilitos,

algunos casi con dos décadas enquistados en el Congreso, reeligiéndose a base

de privilegios.


La obligada austeridad y moderación en la celebración del cambio es

propicia para una profunda reflexión sobre el devenir de la nación, y para

fundamentar las expectativas a la luz de la crisis de salubridad, con

derivaciones económicas y sociales que aún no pueden documentarse en su

magnitud, ya que todavía no se vislumbra el horizonte en la contención del

coronavirus.


Con una realidad tan compleja y desfavorable, los cambios

estructurales se hacen más difíciles porque la mayor parte de las energías gubernamentales

se consumirán en reparar techos,  puertas

y ventanas del edificio social, por lo menos en el primer año. Eso obligará a

la indulgencia con las nuevas autoridades. Pero estas tendrán que revalidarse

sostenidamente atendiendo a las demandas y compromisos que no requieren muchos

recursos y que,  por el contrario, implicarán

economía.


Tal es el caso de la supresión o fundición de  órganos inoperantes o redundantes, la

reducción de una buena cantidad de botellas y botellones, la proscripción de la

malversación, de todo género de corrupción, y de la impunidad. Hay casos

relevantes pendientes de acción judicial, e imprescindibles auditorías que

podrían terminar en expedientes del Ministerio Público. No se trata de montar

un circo ni de saltarse los procedimientos, por lo que deberán prevalecer la

documentación y la objetividad, dejando atrás la aparatosidad de los allanamientos

para producir detenciones.


La agudización del desempleo y la pobreza deberían propiciar la

aplicación de los límites establecidos en la ley de salarios del Estado, para

eliminar enormes distorsiones, como esa de que muchos funcionarios ganan dos y

tres veces lo que reciben el presidente de la República y sus ministros.


El presidente electo ha presentado unas credenciales muy bien

recibidas por la opinión pública, incluyendo su compromiso de un Ministerio

Público independiente, sendero por donde debe transitar toda la justicia,

incluyendo organismos como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional

y la Defensoría del Pueblo de inmediata renovación, o el Tribunal Superior

Electoral y la Cámara de Cuentas para el año próximo.


El economista y empresario Luis Abinader ha prometido la revolución

del imperio de la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

También un nuevo modelo de desarrollo económico-social, con disposiciones para

reducir la desigualdad, pero sobre todo una regeneración moral y ética de la

sociedad, y ahí estarán las más fundadas expectativas.- .