El Tribunal Constitucional deberá declarar la inconstitucionalidad de esta flagrante decisión del TSA para evitar que sobrevenga una crisis financiera mucho peor que la del 2003-2004.

La campaña contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de Riesgos de Salud (ARS) se anotó un ilusorio tanto con una peligrosa sentencia del 3 de agosto de 2022 por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a favor de quienes creen que se les debe restituir fondos que alegan les han sido robados por la AFP, decisión recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Tras la solicitud de revisión por inconstitucional, notificada a las 65 partes involucradas, procede ahora que se demande en suspensión, también ante el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones difícilmente sean dadas antes de abril o mayo del año próximo, faltando sólo un año para las próximas elecciones.

Aunque se trata de cuestiones judiciales cuyos argumentos jurídicos tienen en el Tribunal Constitucional a su mejor auditorio, el tema no puede ausentarse de los medios por tratarse de la contumaz obcecación de unos pocos legisladores que abogan por eliminar las AFP y ARS por razones políticas más que racionalidad económica o legal.

Hasta las propias empresas admiten que es necesario revisar y adecuar muchos aspectos de la seguridad social, pero abolir al sistema sería catastrófico para la economía y la población dominicanas.

Mudar a los tribunales el necesario debate dificulta y pospone cualquier diálogo razonado entre congresistas con luces, funcionarios, sindicalistas y dolientes empresariales y los más afectados, los ahorrantes de los fondos individuales de capitalización para pensiones y los pacientes que se benefician de las coberturas de salud de la Seguridad Social.

Quiénes son

Las cuatro empresas recurrentes, representadas por un equipo legal que encabeza el jurista Eduardo Jorge Prats, profesor y experto en materia constitucional y derecho administrativo, son la del Banco de Reservas, cuyo antiguo gerente general es el actual ministro de la Presidencia Joel Santos; y las AFP Popular, Siembra y Crecer.

Los recurridos son Pablo de la Rosa Solano y más de cincuenta otros demandantes junto con la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), ante la cual llevó una queja el grupo dirigido por el diputado Pedro Botello y el político bolivariano Claudio Caamaño, quienes han expresado varias veces su intención de procurar la destrucción del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Existe un inminente peligro de que la complejidad de los temas sobrepase la capacidad de análisis financiero o conocimiento de asuntos económicos de jueces impresionables por los políticos que, lejos de procurar el bienestar de los afiliados, atentan contra la estabilidad del sistema bancario dominicano como primer paso para buscar en medio del desorden social lo que nunca obtienen en las urnas.

La sentencia

La apreciación de la moneda dominicana frente al dólar ha causado que en recientes estados de cuenta de las AFP se presentaran ajustes que algunos interpretan erróneamente como que se les estaba sacando dinero de sus fondos individuales, pues una parte invertida en dólares refleja menor monto en pesos cuando baja la tasa de cambio.

El TSA dispuso que la SIPEN ordene a las AFP restituir valores que, por lo explicado, aparecen reducidos entre enero y marzo de este año en las cuentas de capitalización de los cotizantes, cuando hubo una notable apreciación del peso.

El economista Andy Dauhajre comentó que esa “decisión aberrante” del TSA atenta contra los ahorros de millones de cotizantes del sistema de pensiones, afecta la capacidad del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de colocar deuda en el mercado doméstico, ataca la solvencia del sistema financiero y la estabilidad macroeconómica.

“En cualquier otro país civilizado”, esa sentencia del TSA “dispararía las alarmas en el órgano responsable de la designación de jueces del TSA” u otras autoridades judiciales o del Gobierno, al notar que los juzgadores no solicitaron opiniones al Banco Central, al Ministerio de Hacienda ni otros peritos o expertos, “sobre un tema que definitivamente dichos jueces no dominan”.

Concurro con el doctor Dauhajre en que la sentencia del TSA solo puede deberse a “la incapacidad manifiesta y total de los actuales jueces para analizar asuntos relativos a la economía, las finanzas y la aritmética elemental” y “la captura del TSA por la corriente más aberrante, peligrosa y perversa del populismo judicial, que persigue destruir los cimientos fundamentales que sostienen el progreso económico y social de nuestra nación y de esa manera, abrir el camino para el surgimiento de liderazgos redentoristas de la extrema izquierda o derecha, que hasta la fecha, no han encontrado acogida en el electorado dominicano”.

Conclusión

El artículo 80 del Código Monetario y Financiero tipifica como delito que cualquier autoridad o persona física o jurídica difunda falsos rumores u organice campañas difamatorias sobre la liquidez o solvencia de entidades financieras, o que afecten la estabilidad del mercado cambiario.

Dauhajre advierte que la sentencia del TSA es pues más grave que cualquier rumor o la campaña de Botello y Caamaño, pues a diferencia de sus patrañas, da por escrito autoridad de plausible a los espurios alegatos para destruir al sistema de seguridad social y con él todo el sistema financiero dominicano.

El Tribunal Constitucional deberá declarar la inconstitucionalidad de esta flagrante decisión del TSA para evitar que sobrevenga una crisis financiera mucho peor que la del 2003-2004. Confío en la lucidez jurídica de Milton Ray Guevara y sus colegas.