Antes de la “posposición” de la licitación internacional para los nuevos 800 MW de generación, otros procesos de compras del sector eléctrico estatal han motivado cuestionamientos.

La renuncia el domingo del superintendente de Electricidad podría parecer la culminación de un culebrón o telenovela, pero es apenas la punta de un iceberg que podría amenazar la nave del Estado si su capitán no abre bien los ojos ante los peligros de un mar político y económico muy agitado.

Por ejemplo, este lunes de manera sorpresiva el comité de licitación del Consejo Unificado de las EDEs, anunció escuetamente la “posposición” del acto de recepción de ofertas económicas y apertura de ofertas técnicas del proceso de compras para escoger a generadores de 800 MW necesarios para la creciente demanda de energía eléctrica.

El comunicado a nombre de las tres distribuidoras estatales, Edenorte, Edesur y Edeeste, está firmado por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, presidente del comité de licitación, y sus cuatro integrantes Andrés Astacio, Pedro Silverio, Francisco García y Noel Báez.

Hace apenas dos semanas, el 12 de julio, tomó posesión tras su designación por el presidente Abinader, un nuevo presidente del Consejo Unificado de las EDEs, el economista Manuel Lara Hernández, quien anteriormente fue funcionario de la CDE bajo la administración del ingeniero Marcelo Jorge, luego subsecretario de Finanzas del presidente Jorge Blanco y en el gobierno de Hipólito Mejía fue administrador del Banco de Reservas. Sustituyó en esa función al ministro Almonte.

Tras dos años de este gobierno, las EDEs siguen sangrando al Erario: en mayo tuvieron pérdidas del 37% de la energía entregada. ¡Vergonzoso talón de Aquiles! Las empresas privadas telefónicas, energéticas o vendedoras de combustibles cobran más del 99% de lo facturado. Hace falta voluntad política para el saneamiento de las EDEs. No es reinventar la rueda…

Otras licitaciones

Antes de la “posposición” de la licitación internacional para los nuevos 800 MW de generación, otros procesos de compras del sector eléctrico estatal han motivado cuestionamientos.

Por ejemplo, las autoridades aun no han explicado por qué se declaró de urgencia la más reciente solicitud de ofertas de carbón para la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que este mes de julio cumplió dos años del inicio de sus operaciones y no ha podido salir de una nube de controversias y paradas por impericia o mantenimiento.

Es extraño y sospechoso que se declare de urgencia o emergencia la adquisición de insumos que con un mínimo de destreza gerencial se sabe cuándo y cuánto harán falta, como por ejemplo el combustible de una central generadora termoeléctrica.

Preferir compras de urgencia o emergencia, de insumos cuya necesidad es previsible y programable, facilita la corrupción y la poca transparencia. Puede salir tan caro o más que comprar en el mercado spot, aparte de que el transporte no programado también es mucho mas caro. Un solo embarque de carbón comprado de urgencia puede significar muchísimos más millones de dólares pagados de más que el precio que se logra en compras ordinarias.

¿Cercan al presidente?

Aparte de la renuncia del superintendente Rafael Velazco Espaillat, empresario del sector eléctrico con décadas de experiencia que encabezó el comité de energía de la Cámara Americana de Comercio, otro integrante del gabinete eléctrico, su director Lisandro Macarrulla, tomó licencia de su cargo como ministro de la Presidencia por la mención de una empresa familiar en el caso Medusa.

El gabinete del presidente Abinader luce fragmentado entre grupos que se esfuerzan por predominar cada uno sobre otros. Algunos ministros como los de Educación y Obras Públicas eran parte del equipo político de Milagros Ortiz Bosch, actual directora de Ética e Integridad Gubernamental.

Otros son dirigentes del PRM que ayudaron a Abinader a llegar al poder, pero poseen cada uno su propio proyecto presidencial aun cuando estén aparentemente apoyando la reelección del presidente en 2024, como el ministro Administrativo, José Ignacio Paliza.

Hay también un grupo que responde directamente sólo al presidente, por viejos vínculos personales, familiares o como compañeros de estudios en el Colegio Loyola, como el renunciante Velazco, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el interino de la Presidencia, Joel Santos, el de Industria y Comercio, Ito Bisonó y otros.

La fragmentación del gabinete se observa cuando mucho del ruido mediático que afecta al gobierno es atribuible a los propios funcionarios, cuyas maquinaciones no dejan rastro aparente.

Trompo eléctrico

En sociedades maleadas por institucionalidad anémica, graves desigualdades socioeconómicas, corrupción rampante en asuntos públicos y privados, o descomposición moral, el buen gobierno obliga a tomar incómodas decisiones necesarias o imprescindibles. Empero cada vez que el presidente Abinader ha tomado cualquier medida controversial, a la ola de disgustos y protestas ha seguido con demasiada frecuencia una reversa.

Lo último fue la tarifa eléctrica, cuyos aumentos consensuados en el Pacto Eléctrico se desbordaron por inesperadas alzas de los hidrocarburos por la guerra de Ucrania y fueron revertidos. Pudo ser un gran éxito político que Luis escucha al pueblo; en cambio resultó una garata por intrigas intra-sectoriales.

En el sector eléctrico, situaciones sucesivas como las denuncias de conflictos de interés, la anulación inexplicada de una licitación encargada por decreto a César Sánchez, el burdo intento fallido de un fideicomiso ilegal e impreciso, equipos dañados gravemente por impericia, ataques mediáticos a colegas del gabinete eléctrico, y otros casos, apuntan hacia la comentada fragmentación que perjudica a Abinader.

¿Resistirá tanta contradicción interna la necesaria regeneración moral que Abinader lidera con gran apoyo popular?