El proceso mediador no estuvo exento de dificultades.  Tal como revela el joven presidente del PRM,  José Ignacio Paliza, al anunciar la disposición de su partido al diálogo, hubo previas propuestas de mediadores de parte y parte, que fueron rechazadas también por ambas. 

No fue esfuerzo baldía la persistente gestión del presidente del CONEP, Pedro Brache, tratando de lograr un acercamiento entre el gobierno y la oposición con vistas a entablar un diálogo a  través del cual se asuma el firme compromiso de contribuir a la celebración de unas elecciones ordenadas y transparentes.

El proceso mediador no estuvo exento de dificultades.  Tal como revela el joven presidente del PRM,  José Ignacio Paliza, al anunciar la disposición de su partido al diálogo, hubo previas propuestas de mediadores de parte y parte, que fueron rechazadas también por ambas.

Al fin se ha llegado al acuerdo de que sea el Consejo Económico y Social el que tome a su cargo la misión de coordinar el encuentro y la gestión negociadora.  Paliza plantea que de comienzo esta misma semana.  Le acompaña razón, tomando en cuenta la urgencia del apretado calendario electoral y el ambiente de crispación pública generado por el accidentado proceso, sobre todo a partir de la inesperada suspensión de las elecciones municipales del pasado 17 de febrero.

Si bien hasta ahora la atmósfera de efervescencia generada en torno a las que a todas luces será una contienda a sangre a fuego ha transitado por cauces normales, no puede ignorarse la existencia de un estado latente de gran expectación popular que gira tanto en torno al reclamo de clarificar las reales causas que provocaron el colapso del sistema de voto automatizado, como de poder crear un clima de confianza en torno a la celebración de unas elecciones transparentes que sean reflejo fiel de la voluntad mayoritaria del electorado.

Es cierto que para lograr ambos objetivos bastaría con que la investigación, llevada a fondo, resulte esclarecedora y convincente en el primer caso, y en el segundo, que las organizaciones participantes en las distintas etapas del proceso, municipales y presidenciales y congresuales en primera vuelta, y posible segunda si fuese necesario, cumplan estrictamente con las normas establecidas, y el ente regulador, la Junta Central Electoral se muestre en ve porque así sea.

Desde este punto de vista la gestión pudiera entenderse como ociosa y redundante e innecesario el compromiso público que persigue.  Sin embargo, no es de ignorar que bajo las presentes circunstancias, un acuerdo de esa naturaleza generaría un impacto psicológico muy positivo y oportuno que contribuiría a tranquilizar los ánimos, distender el caldeado ambiente popular y establecer un vínculo de compromiso público formal  por parte de los contendores.

No hay, por consiguiente, por que descartar la gestión negociadora ni restarle validez sino por el contrario recibirla con beneplácito, aunque nunca falten voces discrepantes.  Como reza un viejo dicho “lo que abunda no daña”.   Y nada mejor que de aplicación en el presente caso donde está en juego el destino de nuestra todavía muy imperfecta y frágil democracia, y la oportunidad de fortalecerla por la< única vía legítima posible: la del voto expresado de manera libre y consciente.