Si los políticos no sirven ni tampoco el sector privado, ¿quién entonces podrá defendernos ante la avalancha estatizante?

Estamos azotados por el malestar anti empresarial. Es paradójico que esto ocurra en un gobierno que, como el del presidente Luis Abinader, se inició auspiciosamente recorriendo el sendero de una necesaria y positiva colaboración Estado y empresariado, como se evidenció en el vigoroso apoyo gubernamental a la implementación de la Ley de Alianzas Público Privadas, única vía para que la nación pueda efectivamente construir las infraestructuras necesarias en base a capital nacional y extranjero, sin tener que acudir a la cada día mayor deuda pública y/o incrementar la ya pesada carga tributaria sobre quienes pagan impuestos.

Pero lo cierto es que este malestar, azuzado con premeditación y alevosía por los profesionales del resentimiento social, en oportunista búsqueda de asentar un liderazgo populista, adanista, buenista y mesiánico, que sustituya a la “casta podrida” de los “políticos y los oligarcas de siempre”, se ha hecho cada vez más fuerte y el gobierno apenas puede defender buenas causas, como hubiese sido la privatización de Punta Catalina, y cede, como lo demuestra la terminación del contrato de concesión de la Autopista de Samaná, a las presiones anti empresariales constantes del populismo eterno.

Se trata, sin embargo, de un establishment populista insaciable, permanentemente alimentado por la furia punitiva de las redes sociales, y falta poco para que sus huestes vayan tras las empresas mineras, para alejar por siempre la posibilidad de que el país pueda ser una potencia minera regional, en base al capital privado extranjero, en lugar de protestar contra las granceras que destruyen nuestros ríos y el peor atentado ambiental, la gran contaminación por la pobreza.

Esto sin contar que la pasividad de las autoridades ha alentado que, en vez de discutirse una reforma integral del sistema de la seguridad social como atinadamente ha propuesto el gobierno vía el Ministro Luis Miguel Decamps, ya se hable, con el mayor desparpajo, no solo de un perverso golpe de estado macroeconómico contra el presidente Abinader mediante la entrega anticipada del 100% de las pensiones, sino también de la estatización de las AFP privadas, del retorno al fracasado sistema de reparto y, lo que es todavía peor, de las tres penas a la vez, todo legitimado en un referendo popular. A este malestar anti empresarial se suma la política de la anti política y el lawfare disfrazado de lucha contra la corrupción, que no es más que cólera individual transformada en supuesto interés colectivo.

Si los políticos no sirven ni tampoco el sector privado, ¿quién entonces podrá defendernos ante la avalancha estatizante? Este “mesianismo de la represalia”, que busca encarnar las demandas vengativas de las masas indignadas, que procede de arriba más que de abajo, este resentimiento politizado de irresponsables señoritos de izquierda y de derecha, con su insoportable moralina demagógica, que tiene como chivos expiatorios a los partidos del sistema y a los empresarios tildados de parásitos sociales, sólo podrá ser combatido si, como decía Ernst Bloch ante la amenaza nazi en Weimar, se le quita al demonio populista “sus armas mentirosas y sus artificios”, antes de que sea tarde y tontos útiles e insensatos eleven al poder a un hombre fuerte, con el mismo fervor, digno de mejores causas, con que los jóvenes arielistas hicieron “la más bella revolución de América” y encumbraron al tirano Trujillo.