Sin embargo, los índices de corrupción internacionales han seguido colocando nuestro país en posiciones vergonzosas, como el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, en el que figuramos entre los países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100.

La Ley 340-06 de

Compras y Contrataciones Públicas que se aprobó en búsqueda de transparencia como

parte de los compromisos asumidos por el país en el Tratado de Libre Comercio

con los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), en sus casi quince años de

vigencia ha producido notables avances, pero a la vez ha demostrado cuán

engorrosa puede ser para algunas entidades y funcionarios que quieren hacer las

cosas bien, y cuán débil puede ser en otros casos.


Sin embargo, los

índices de corrupción internacionales han seguido colocando nuestro país en

posiciones vergonzosas, como el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, en

el que figuramos entre los países con más altos niveles de corrupción con una

puntuación de 28 sobre 100.


Y es que con  el ropaje de procesos celebrados  bajo la Ley 340-06 se han producido muchas  operaciones dolosas, en las que “licitantes

favoritos” resultan adjudicatarios, lo que ha provocado que los principales

proveedores prefieran no participar en muchos procesos, y que se haya  generalizado la participación de  proveedores de carpeta, cuyas credenciales son

sus influencias y que cambian de objeto social como de camisa, y  se han convertido en verdaderos pulpos cuyos poderosos

tentáculos alcanzan una diversidad de procesos e instituciones.


Aunque la Dirección

de Contrataciones Públicas (DGCP) como órgano rector tiene facultad para

inhabilitar proveedores del Estado, lo ha hecho de forma excepcional y

discrecional, basta con señalar que a la constructora ODEBRECHT, a pesar de ser

el mayor escándalo de corrupción conocido, no se le inhabilitó su registro, y que

las mayores irregularidades en contrataciones han salido a la luz porque

investigaciones periodísticas así lo han revelado, no porque dicha dirección

haya actuado.


Ante este

panorama algunas instituciones públicas han decidido suscribir acuerdos con organismos

internacionales como el PNUD, que están sujetos a rigurosos códigos de conducta,

para no solo asegurar la transparencia de sus contrataciones sino su

eficacidad, porque en estos procesos no acuden proveedores oportunistas y las

adjudicaciones se realizan en base a los criterios establecidos, lo que aunque

conlleva un costo asegura mejores y más competitivas contrataciones y acorta

los tiempos, en gran medida porque no se generan conflictos y se alejan las

impugnaciones con fines puramente dilatorios.


La DGCP ha

resentido desde hace tiempo estos acuerdos y algunas personas y entidades de la

sociedad civil se han enfrascado en cuestionar la legalidad de la supuesta

delegación de competencia, al parecer más preocupadas de que no haya un

traslado de funciones, que de la transparencia y corrección de los procesos; aunque

en el caso de los órganos dotados de autonomía constitucional ha debido aceptar

que de conformidad con la sentencia 305-14 del Tribunal Constitucional estos están

fuera del ámbito de su competencia.


Entre otras

razones probablemente ante la confianza que generó la pasada gestión del

Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), la cual suscribió acuerdos con el

PNUD para manejar sus  contrataciones,

varios  importantes ministros del nuevo

gobierno han anunciado que suscribirán acuerdos con este organismo, como es el

caso del de Educación, quien ante las urgentes adquisiciones que deberá

realizar ese ministerio para el inicio del año escolar que implican altas sumas

de dinero, ha informado que se  harán a

través del PNUD, en vez de acudir a mecanismos de excepción que en muchas

ocasiones han producido escándalos de corrupción.


La DGCP

reaccionó enviando la circular 5-2020 a todas las instituciones públicas expresando

que la delegación no está prevista en la Ley 340-06, cuando lo que debería es

preguntarse por qué estos ministerios desean suscribir estos acuerdos, como

antes lo han hecho el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Superior

Electoral, el ADN, y cuál ha sido el balance de sus resultados.  Es innegable que estos acuerdos han permitido

que se cumplan con los objetivos de transparencia, eficiencia, competencia,

economía que persigue la regulación, que muchas veces no se ha logrado fuera de

ellos, por lo que esa Dirección debe comprender que mientras nuestro sistema de

contrataciones públicas no se fortalezca y genere total confianza, ganamos más

con que se celebren estos acuerdos que con intentar impedirlos, para acaparar

más procesos sin poder garantizar ni su idoneidad ni su eficaz regulación.