Los 3 años de plazo previstos para esto hace tiempo que vencieron, en pocos meses habrá transcurrido una década desde la promulgación de dicha ley, y el 2030 cada vez está más cerca.

Aunque es comprensible que las actuales autoridades hayan postergado la discusión del pacto fiscal por

la situación de la pandemia y la crisis económica derivada de esta, así como por temor a las

circunstancias desestabilizadoras que produjo en Colombia hace pocos meses un intento de reforma

fiscal, cada vez se hace más impostergable acometerla, pues el acelerado ritmo de endeudamiento que

acumulamos en los últimos años, más el aumento de este como producto de la crisis que afecta al

mundo desde hace más de un año, aunado a una necesidad cada vez más creciente de recursos, urgen

mejorar los ingresos y lograr mayor eficiencia en el gasto.

Hace casi una década que se aprobó la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 la cual

consagró en su artículo 36 la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Nación

arriben a un pacto fiscal “orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad

fiscal a largo plazo”, para lo cual dispone la aprobación no solo de una reestructuración fiscal integral

sino también de una ley de responsabilidad fiscal, estableciéndose un plazo de 3 años para iniciar las

acciones descritas como necesarias, que van desde elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto

público así como de la estructura tributaria, la cual deberá ser también más equitativa, hasta elevar la

presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030.

Los 3 años de plazo previstos para esto hace tiempo que vencieron, en pocos meses habrá transcurrido

una década desde la promulgación de dicha ley, y el 2030 cada vez está más cerca, y los que no

quisieron antes asumir el costo político de hacerla ni el reto del control y la transparencia, tratarán en

gran medida de sacar ventaja de un compromiso país que ellos mismos impulsaron y que como otros se

ha quedado en el papel.

Dentro de la discusión de ese pacto fiscal tan postergado como necesario, debe estar incluido el altísimo

costo de nuestras elecciones, nuestras excesivamente largas y onerosas campañas electorales y la

contribución económica del Estado a los partidos políticos, la cual ya no está fijada en la ley y por tanto

puede y tiene que ser ajustada, así como deben reducirse los topes de gastos de campañas por

candidatos que están totalmente desproporcionados al tamaño de nuestra economía y las condiciones

de la mayoría de la población. Enorme reto que tratarán de evadir los partidos y sus representantes en

el Congreso, pero que debe ser exigido por la sociedad.

Otras reformas también resultan necesarias y de cierta forma deberían servir para mitigar el impacto de

la reforma tributaria que finalmente se apruebe, como sería la prometida reforma integral de la Ley 87-

01 de Seguridad Social, pues en la medida que la cobertura de salud para los afiliados al sistema sea

mejor se reducirá el gasto de bolsillo por este concepto, así como si las magras expectativas de

pensiones de retiro que se proyectan de alguna forma se mejoran y se abren alternativas para que los

que cotizaron en una cuenta de capitalización individual puedan también decidir qué desean hacer con

los recursos acumulados. Las situaciones que se han presentado en Chile, país cuna de dicho sistema y

otros que lo adoptaron deben servir de experiencia para aplicar los correctivos y evitar las explosiones

sociales que la llegada de la edad de los primeros retiros podría causar.

Cada una de esas reformas y otras necesarias como la del sector eléctrico y el sistema nacional de aguas,

requerirán de firmeza, tenacidad, equidad, sensatez y voluntad para resistir presiones, vencer los

muchos intereses que se afectarán y lograr consensos en base a lo que sea más justo para todos y

conveniente para impulsar el país que todos queremos ser, pero cuyo plan de ruta para alcanzarlo pocos

están dispuestos a aceptar y cumplir. El tiempo que pasa inexorablemente hace inevitable tomar

decisiones, que hacen que a los gobiernos se les termine la luna de miel, pero lo importante es estar

consciente siempre que lo importante no es como se comienza sino cómo se termina, y eso en gran

parte dependerá de cuán oportunamente se hayan emprendido ciertas acciones.