Con ese nuevo expediente la Procuraduría General de la República y su Procuraduría Especializada de  Persecución de la  Corrupción Administrativa (PEPCA) en gran medida se jugarán la faja, pues del resultado de esa investigación dependerá que los ciudadanos puedan creer en el sistema de justicia.

El resultado del primer fallo en el país sobre el más grande escándalo de corrupción internacional de la historia reciente hasta ahora conocido, el caso ODEBRECHT, no tomó por sorpresa a una sociedad que despertó de un gran letargo gracias a su destape y que salió a reclamar justicia y cese de la impunidad, pero que desde las primeras señales dadas por  las pasadas autoridades y el anterior Procurador General de la República supo que no había la intención real de someter a todos los implicados, pero que sí había una firme decisión de excluir la mayor obra realizada por la empresa sindicada como corrupta, la conflictiva Central Termoeléctrica de Punta Catalina, y a los principales actores de dicha contratación.

Por eso la ciudadanía había perdido el interés en dar seguimiento al largo e incidentado proceso judicial que empezó con tan solo 14 imputados y terminó con apenas 6, y la fe en su dilatada sentencia, mucho más luego de la lapidaria calificación del expediente que había sido dada por la entonces juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y hoy Procuradora General de la República en ocasión de un voto disidente emitido por esta a mediados de 2017, de que el mismo adolecía de “una dificultad probatoria", el cual como muerte anunciada terminó descargando a cuatro, y condenando solo a dos de los imputados.

Lo que la sociedad no ha olvidado son los exorbitantes montos de los sobornos declarados por los propios funcionarios de ODEBRECHT ni los revelados en los documentos filtrados de su división de operaciones estructuradas que lastimosamente tuvo su sede en República Dominicana probablemente por la certidumbre que sentían de operar en el país a sus anchas, así como que no todos los presuntos implicados fueron investigados.

Esta sociedad tampoco ha olvidado cuáles han sido las consecuencias de las investigaciones judiciales y las sentencias en otros países envueltos en la repugnante trama corrupta y el decepcionante contraste con los resultados en nuestro país, no obstante, si bien aquí el caso ODEBRECHT ha estado en los últimos lugares en cuanto a la profundidad, diligencia y seriedad de la investigación, así como en la aplicación de las correspondientes sanciones, no ha estado exento de consecuencias importantes, entre estas quizás la más trascendental la decisión del actual gobierno de nombrar a la cabeza del Ministerio Público  a una persona reconocida y respetada por su carrera judicial y su trayectoria de honestidad y de decisiones fundadas en buen derecho y no en amarres políticos, lo que fue una respuesta directa al reclamo de buena parte de la sociedad y constituyó una clara señal de que la promesa del hoy presidente de una justicia independiente se traduciría en los hechos.

Por eso a la ciudadanía le importa más lo que sucederá luego de que se instrumente el anunciado y esperado expediente ODEBRECHT 2.0 que lo que decidió la recién dictada sentencia que será objeto de apelación, tanto por parte del Ministerio Público como de los condenados, pues la anterior investigación se entendió hecha a la medida, no para hacer justicia respecto de todos los responsables de hechos delictivos, sino para garantizar la impunidad de quienes convenía al poder político de turno preservar incólumes.

La necesidad de una investigación responsable, imparcial y bien fundada es no solo fundamental sino perentoria, pues la ciudadanía debe reencontrar las esperanzas perdidas en un sistema de justicia cuya credibilidad está severamente erosionada para poder renovar su indispensable adhesión al contrato social que regula sus derechos y deberes en nuestro Estado de Derecho.

Con ese nuevo expediente la Procuraduría General de la República y su Procuraduría Especializada de  Persecución de la  Corrupción Administrativa (PEPCA) en gran medida se jugarán la faja, pues del resultado de esa investigación dependerá que los ciudadanos puedan creer en el sistema de justicia, que los poderosos de todas las esferas, política, empresarial, social, profesional, gremial, entiendan que la ley es igual para todos y que la perversa cultura de impunidad empiece a revertirse, lo que ciertamente no erradicará la corrupción que es parte de la naturaleza humana, pero acrecentará el temor a la sanción, que muchas veces es la mejor arma contra el delito.