Esta reforma es un tema complicado y muy conflictivo, uno de los más “cabildeados” en contra por los afectados.

Ahora se habla mayormente de la inflación, pero ese es un problema temporal, que viene principalmente de fuera y que se estará atacando con subsidios. Yo espero que para diciembre esta haya bajado del 10.5% actual a un 5% para de allí bajar aún más al 4% que es el nivel objetivo de nuestro Banco Central.

Por el contrario, el desempleo es un problema local y permanente, agudizado por la pandemia. Los actuales mayores subsidios justifican aún más dicha reforma (¿quién subsidia al subsidiador?) la cual ya se justificaba por contar nuestro país con uno de los niveles más bajos del continente de ingresos fiscales como proporción del PIB.

La reforma tributaria consiste tanto en una disminución y racionalización de los gastos como de un aumento en los ingresos. La forma más eficiente de reducir los gastos es haciendo que la gente que no paga la luz lo haga y así disminuir la enorme proporción del presupuesto que se dedica a subsidiar al sector eléctrico. Es totalmente injustificado que los que pagan la luz veamos que nuestros impuestos, en vez de utilizarse para mejorar la salud y la educación, tengan que usarse para cubrir la luz que no pagan otros. Sugerimos que se entreguen en administración al sector privado por lo menos una de las Edes para estudiar cuán rápido se reducen esas pérdidas.

En cuanto a la necesidad de mayores ingresos, todos los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cepal, etc.) han coincidido en definir a grandes rasgos ese aspecto de la reforma tributaria, enfatizando la necesidad de que sea una reforma progresiva, es decir concentrada en gravar más a los ricos. Esos organismos apoyan la necesidad de modificar las leyes de incentivo tales como la del cine, el desarrollo fronterizo, las zonas francas y el turismo para,  sin desestimular a esos sectores, logren que contribuyan con más impuestos. También sugieren eliminar o reducir la lista de bienes y servicios exentos del ITBIS, por las distorsiones que eso crea. Si se visita una farmacia se notará que cada vez más allí se venden otros artículos que no son medicinas. Y es que buscan que el ITBIS que debe pagarse para los otros productos que venden no se pague por tratarse de una empresa que “solo” vende medicinas. Lo mismo pasa con los supermercados donde se abultan las ventas libres de ITBIS para así pagar menos impuestos.

La pregunta muy política es cuándo debe entrar en vigencia una reforma tributaria. Para el gobierno eso debe hacerse cuando todos estemos vacunados y podamos volver a la normalidad cotidiana. Pero ante el peligro de la variedad Delta del virus, más contagiosa que todas las otras, es difícil saber cuándo saldremos de la pandemia. Otros proponen que se discuta esa reforma ahora, pero que se ponga en vigencia tan solo cuando ya estemos libres de la pandemia. Pero dentro de tres meses tendrá que presentarse el presupuesto del  año que viene,  aunque presumiblemente podría presentarse sin reforma tributaria para luego en el 2022, ya sin pandemia, se logre una modificación presupuestaria.

Siempre queda la opción de vender o arrendar bienes del Estado, como sería el caso de las Edes y las Catalina, pues esos ingresos sustituirían la necesidad de más tributos.

Finalmente, está el tema de un irreversible aumento salarial en el sector público lo cual haría más necesaria aun la reforma tributaria. Esta reforma es un tema complicado y muy conflictivo, uno de los más “cabildeados” en contra por los afectados. No es para ser analizado dentro de las setecientas palabras tope que impone a esta columna el editor de este medio. Pero aquí va.