Se supone que el Estado está formado

por tres poderes, independiente uno del otro: Ejecutivo, Justicia y Congreso.

Ninguno está subordinado al otro. Pero en nuestro país el Ejecutivo se impone

sobre los otros, es lo que se llama un sistema presidencialista que anula a los

demás, que es precisamente lo que desea eliminar el presidente Luís Abinader

para fortalecer el sistema democrático, logrando que las instituciones

funcionen.


El presidencialismo, dice Rodrigo

Borjas en su famosa enciclopedia política, “es el conjunto de fundamentos y

características del régimen presidencial, en que el presidente es, al propio

tiempo, el jefe del Estado y el jefe del gobierno y reúne, por tanto, los

poderes representativos inherentes a su primera calidad con los poderes

políticos y administrativos de la segunda”.


Si queremos fortalecer la democracia

en sentido pleno y riguroso, es necesario terminar con el presidencialismo.

Cada poder tiene que jugar el rol señalado por la Constitución. El presidente

de la República no puede ser “ley, batuta y constitución”, como en la

dictadura. Eso ya no es posible, por lo menos en un régimen auténticamente

democrático.


El presidente designa los jueces,

fiscales y determina el presupuesto del sistema judicial. Es dueño del Consejo

Nacional de la Magistratura, quitándole su independencia, y por lo tanto su

poder. Habría que modificar la Constitución actual para darle al poder judicial

su independencia plena. No basta con designar un Procurador o procuradora

“independiente”, cosa que no existe. La independencia la da la ley, no una

persona.


Igualmente el Congreso está sujeto a

las decisiones del Ejecutivo, cuando lo controla el partido de gobierno.  No hay contrapeso en ese escenario


No obstante  las facultades del jefe del Estado están

consignadas en la Constitución, al igual que las de la Justicia y el Congreso.

El mandatario no tiene que inmiscuirse en los asuntos de la justicia, ni del

Congreso. Sin embargo no ocurre así. Lamentablemente para la democracia que tan

cara nos sale.


No es el presidente quien nombra los

miembros de la Cámara de Cuentas ni de la Junta Central Electoral, es el

Senado. El mandatario no tiene (o no debe tener) “vela en ese entierro”, como

dice la gente del pueblo.


El artículo 180 de nuestra Carta

Magna dice, en lo relativo a las funciones del Senado: “elegir a los miembros

de la cámara de cuentas de la ternas presentadas por la cámara de diputados,

con el voto de las dos tercera parte de los senadores presentes”.


“Elegir a los miembros a la Junta

Central Electoral y sus suplentes con el voto de las dos tercera partes de los

presentes”. Como puede leerse, el presidente no interviene en esos asuntos, son

atribuciones exclusivas de los senadores. ¿Por qué tiene entonces que el

presidente decidir quien preside y quienes forman parte del órgano que organiza

y regula las elecciones donde se eligen los funcionarios públicos incluyendo al

propio mandatario?


Si vamos a fortalecer las

instituciones del Estado, si vamos a respetar la independencia de los poderes,

hagámoslo tanto en uno como en otro. Que el Ejecutivo, Judicial y Congresual

estén separados. El presidente Luís Abinader cumplió con su promesa de escoger

un o una procuradora “independiente”, en lo que no creo, con lo cual la llamada

sociedad civil, en la que tampoco creo, porque no se moja el trasero pero se

come los mejores pescados, debe sentirse altamente complacida. Hasta ahí las

funciones del Presidente.


Hace días escribí en mi cuenta de

twitter: “No sé cómo “la sociedad civil” se convirtió en un partido político

que sin estar reconocido como tal y sin ir a las urnas, parece haber ganado las

elecciones y el gobierno. (Caso único en la historia)


Un Estado Democrático de Derecho

comienza por  respetar y hacer respetar

la Constitución de la República en todos sus aspectos, no en los que nos

conviene en un momento determinado.