Esos lisios y creerse moralmente superiores al contrario sostienen enraizada nuestra débil institucionalidad.

Una “frase cohete” muy exitosa de Bosch fue el lema “forzar al gobierno [de Balaguer] a su propia legalidad”. Cada vez que alguna ley previamente consensuada comienza a aplicarse, aun sea con décadas de retraso, los virtuosos que claman por el imperio de la ley lideran las quejas y protestas.

Ahora el tema es el interminable debate sobre el aprobado Código Penal y los abortos. Una obviedad incomoda e irrita a los vociferantes “progres”: no asimilan que una mayoría de dominicanos, retrógrada o quizás muy cristiana, logró nueva vez tumbarles el pulso con lo de incluir tres causales para legalizar algunas interrupciones del embarazo. Ciertamente hay mucha razón en la argumentación para apoyar que no exista una prohibición radical del aborto.

Todos favorecemos el imperio de la ley hasta que nos toca, desde infracciones de tránsito (“deme un chance”), eludir o evadir impuestos, aplicar el Código de Trabajo o las leyes de seguridad social, cuyas cápitas deben revisarse anualmente. Esos lisios y creerse moralmente superiores al contrario sostienen enraizada nuestra débil institucionalidad.