Santo Domingo.- Cuatro meses más. Eso es lo que ahora pide el Ministerio Público para presentar la acusación de uno de los casos de corrupción más escandalosos, según el órgano acusador.

Estamos hablando del caso Senasa, un expediente que, según los fiscales, involucra un presunto desfalco superior a 15 mil millones de pesos y que tendría como principal señalado al exdirector de la institución, Santiago Hazim.

El mismo caso que en diciembre el Ministerio Público presentó ante el país como la operación más grave de corrupción llevada hasta ese momento. Pero, ocho meses después, surge una pregunta inevitable: ¿dónde está la acusación? El plazo ordinario de investigación está a punto de agotarse y ahora los fiscales solicitan cuatro meses adicionales.

Agentes con equipo de protección se desplazan durante un operativo en un pasillo, ante la presencia de cámaras.

¿Por qué hace falta más tiempo?

La ley lo permite. Eso no está en discusión. Lo que sí merece explicación es cómo un caso presentado con semejante contundencia, con testimonios, allanamientos, miles de documentos y señalamientos estremecedores, todavía necesita más tiempo para llegar a una acusación formal.

Y mientras se sigue esperando la presentación de esa acusación, ya se escucha hablar de Senasa 2.0 y aparecen pinceladas, hoy mismo, de un posible Senasa 3.0, mientras que el Ministerio Público asegura tener más de 16 mil cajas de documentos producto de recientes allanamientos.

Entonces, la pregunta es todavía más inquietante: ¿estamos frente a una investigación cada vez más sólida o frente a un expediente que crece más rápido de lo que se puede ser procesado?

Porque acumular cajas, páginas, interrogatorios y allanamientos no necesariamente equivale a construir un caso que pueda sostenerse en un tribunal. Y ahí está el peligro: que un expediente presentado como monumental termine atrapado bajo el peso de su propio volumen.

El reto de sostener el caso en los tribunales

Recordemos Odebrecht, por ejemplo. El acuerdo presentado en Estados Unidos en diciembre de 2016, con la admisión de culpabilidad de la empresa y detalles de sobornos por más de 780 millones de dólares distribuidos en 10 países, tenía apenas 74 páginas.

Aquí hemos normalizado expedientes de miles y miles de páginas. Solo la solicitud de medida de coerción del caso Senasa tuvo 537. Y todo eso después debe discutirse, conocerse y debatirse en los tribunales.

El Ministerio Público hizo acusaciones extraordinariamente graves ante la sociedad dominicana. Ahora tiene la responsabilidad de demostrar que detrás de esas acusaciones existe un expediente capaz de resistir el escrutinio de los jueces.

Sería devastador que, al final, el caso comenzara a hundirse en arenas movedizas procesales. El reloj está corriendo y, después de todo lo que se ha dicho sobre Senasa, un fracaso judicial sería un escándalo todavía mayor que el expediente que hoy se investiga.

Sobre el caso Senasa:

El caso Senasa, judicializado por el Ministerio Público bajo la denominada Operación Cobra, tiene sus antecedentes en investigaciones sobre presuntas irregularidades cometidas dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa) durante la gestión de Santiago Hazim, quien fue designado director ejecutivo de la institución en agosto de 2020 mediante el Decreto 377-20.

«En septiembre de 2025, el presidente Luis Abinader dispuso que un informe sobre graves irregularidades detectadas en Senasa fuera entregado a la Procuraduría General de la República».

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