La Procuraduría inició casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, en su mayoría de la administración anterior, pero también de la actual”.

Cada año el Departamento de Estado emite su reporte de derechos humanos en 198 países y territorios, para orientar al Congreso sobre condiciones políticas en naciones que podrían recibir asistencia financiera, militar o humanitaria de Washington.

Dichos reportes, exigidos por la Ley de Asistencia Foránea de 1961 y la Ley de Comercio Internacional de 1974 de Estados Unidos, son ignorados en muchos países, rebatidos por otros, y en el caso dominicano, utilizados por la oposición para embarrar al Gobierno y por las autoridades para su propaganda cuando conviene.

Bueno y malo

El reporte contiene desganados reconocimientos a avances dominicanos. Por ejemplo, “observadores externos imparciales evaluaron las elecciones en general como libres, justas y ordenadas”. Abusa de la imprecisa fórmula “se recibieron varios informes”.

Elogia parcamente que, “en un cambio con respecto a años anteriores, señalado por los observadores independientes, el gobierno en general aplicó la ley con eficacia” para procurar sanciones penales para la corrupción de funcionarios”. Sin embargo, añade que “la sociedad civil y los abogados se quejaron de la acumulación de casos y de lo que consideraban retrasos indebidos en los procesos”.

El resumen ejecutivo dice que las fuerzas de seguridad cometieron abusos, aunque “autoridades civiles mantienen un control efectivo”. Alude a “informes creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios [de 41 personas], tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, por parte de la Policía y agentes del gobierno; condiciones penitenciarias severas que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias; injerencia arbitraria a la privacidad; difamación criminal de periodistas particulares; corrupción gubernamental grave; y violencia policial contra lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros, ‘queer’e intersexuales”.

“Representantes de ONG”, dicen, “dijeron que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas era tradicionalmente la falta de voluntad política para procesar a los individuos acusados de corrupción, particularmente individuos bien conectados o políticos de alto nivel.

La Procuraduría inició casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, en su mayoría de la administración anterior, pero también de la actual”.

Sigue el dardo de los partos, que la corrupción gubernamental actual “es un problema grave” y que “el poder judicial comenzó a investigar casos de corrupción y narcotráfico de alto nivel, incluidos que involucran a aliados del gobierno”.

Otros piropos: “no se denunciaron desapariciones por parte o en nombre de autoridades” ni “la existencia de presos o detenidos políticos” y que “el gobierno permitió visitas y supervisión de prisiones por observadores no gubernamentales financiados y operados de forma independiente, organizaciones internacionales y medios de comunicación”.

Trata prolijamente el tema de haitianos residentes aquí. Alega que, aunque “se respeta la libertad de circulación interna, de viaje al extranjero, de emigración y de repatriación”, a los haitianos se les exige la presentación de documentos de identidad en retenes, en carreteras, especialmente cerca de “la porosa frontera con Haití”.

Washington insiste en representar, según la errada visión haitiana, confusiones sobre cómo adquirir la nacionalidad dominicana, para argüir sobre supuesta “apatridia” de inmigrantes ilegales, que imputa al gobierno dominicano.

Algunas secciones darían risa si no fueran asuntos tan serios. Por ejemplo, pese a la tradicional inseguridad en la privacidad de las telecomunicaciones, el reporte asegura que “a diferencia de 2020, no hubo informes creíbles de que el gobierno vigilara las comunicaciones privadas en línea sin la debida autorización legal”.

Otra perla, abusando del irresponsable “se informó”, es alegar sin evidencia concreta ni identificar denuncias, que “Central Romana exponía habitualmente a trabajadores a condiciones de trabajo peligrosas, incluida exposición a productos químicos y maquinaria insegura, y no cubría gastos médicos de trabajadores cuando se lesionaban o enfermaban como consecuencia de incidentes en lugares de trabajo”.

También alega, sin referirse a ninguna compañía, que “pocas empresas contaban con pactos de negociación colectiva, en parte porque ponían obstáculos a la formación de sindicatos”.

Central Romana posee un activo sindicato, de los pocos con amplios beneficios, incluyendo bonificaciones pactadas; sus cañaverales poseen certificaciones ambientales internacionales; sus trabajadores agrícolas e industriales cuentan con coberturas médicas aseguradas y la empresa patrocina servicios de salud para la comunidad, no sólo sus empleados.

El reporte, del 12 de abril, está íntegramente en https://www.state.gov/reports/ 2021-country-reports-on-human- rights-practices/.

Su propia medicina

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emite su propio reporte de los derechos humanos en Estados Unidos (en su sitio web https://www.mfa.gov.cn). Su vocero Zhao Lijian dijo el 8 de abril: “China promueve y defiende los derechos humanos mediante diálogo constructivo y basada en igualdad y respeto recíproco. Se opone a la politización o instrumentalización del tema, enfoques selectivos o confrontación, los dobles estándares”.

El informe chino incluye ocho secciones sobre los “derechos sólo de nombre”; ausencia de garantías de derechos económicos y sociales; exclusiones de minorías; violencia y discriminación contra mujeres; grupos vulnerables con carencias, trato inhumano a inmigrantes y violaciones impunes en otros países.

Según China, Estados Unidos alega fundamentarse en derechos humanos, “pavoneándose como su defensor mundial, [ignorando] sus persistentes, sistemáticas y enormes violaciones”.

Es el país más violento, con 39,052 muertes en 2019 con armas de fuego, una cada 15 minutos; mayor inequidad entre países industrializados; millones pasan hambre; asesinatos por odio racial y creciente intolerancia religiosa, según el Pew Research Center. Es el país “más beligerante de la historia”, cuyos gastos en guerras iniciadas por Washington desde 2002 superan los US$6.4 trillones.