Peor aún, personas cuya alegada participación accionaria es un porcentaje menor a una décima parte del 1% de las acciones, resultan ligados a un escándalo infame sin tener ningún vínculo real.

A propósito del lawfare, entendido como el uso indebido de los medios de comunicación para divulgar detalles de casos judiciales y desprestigiar a oponentes políticos, en los últimos días han ocurrido asuntos vergonzosos.

Han publicado, sin revisar fuentes públicas como el Registro Mercantil, nombres de alegados directivos o accionistas de empresas involucradas en el caso Medusa, quienes se han enterado por la prensa de que figuran como tales, pese a que lo eran de otras empresas al parecer transformadas sin su conocimiento. Peor aún, personas cuya alegada participación accionaria es un porcentaje menor a una décima parte del 1% de las acciones, resultan ligados a un escándalo infame sin tener ningún vínculo real.

Eso no es periodismo de investigación. Es dejarse coger de bobo por gente con una agenda distinta al interés público o la Justicia. Es curioso ver cómo políticos pretenden por esto presentar algún inexistente conflicto entre grupos empresariales, cuando lo que hay es abuso de confianza por parientes lejanos que irrespetan su apellido, sin tener incidencia ninguna en esos grupos empresariales.