Por un lado, tiene el desafío de poner en marcha una estrategia efectiva para, en corto plazo, aplanar la curva de contagios de coronavirus hasta que aparezca una vacuna que permita el retorno a la normalidad.

Luis

Abinader, favorecido por un voto de hastío, se juramenta el 16 de

agosto en un contexto de fuertes tensiones y mayores expectativas, que

imponen actuaciones basadas en la sabiduría, el tino y la prudencia.


Por

un lado, tiene el desafío de poner en marcha una estrategia efectiva

para, en corto plazo, aplanar la curva de contagios de coronavirus hasta

que aparezca una vacuna que permita el retorno a la normalidad.


Mientras

ejecuta su maniobra sanitaria, deberá disponer de habilidades, en

conjunto con su gabinete, para recuperar paulatinamente la economía, una

porción de los empleos perdidos y facilitar la apertura del turismo,

una de las principales fuentes de divisas. 


En

paralelo, tiene ante sí una demanda de grupos de presión con arraigo

mediático -que de alguna manera contribuyeron con el desalojo del poder

de los peledeistas- de llevar a cabo procesos legales contra la

corrupción.


La

selección del Procurador General de la República pudiera ser, en ese

marco, el primer gran motivo de decepción de quienes tienen hambre de

justicia o el fortalecimiento de las señales positivas que ha enviado

con la designación de su equipo de gobierno.


Esta

deber ser, sin dudas, una de las tareas más inquietantes para Abinader

porque las voces que se levantan pidiendo la cabeza de corruptos

evidencian que desean procesos abreviados, casi juicios sumarios, para

que iniciando 2021 peces gordos entren a prisión.


El

enfoque, que no evoca el estado de derechos, la presunción de inocencia

ni el privilegio de la defensa, es como tener listos los dispositivos

de la sentencia antes del juicio. El hartazgo sobre la corrupción

rampante,  que necesita ser documentada y probada, debería ser tolerante

al debido proceso, pero con veeduría y criticidad, y no apostar a la

condena a priori. 


Si

la justicia, estimulada por la política, toma el camino de organizar

dictámenes a petición popular, para satisfacer la sed de sangre del

populacho, la destrucción del contrato social de la República Dominicana

será un hecho.


Abinader

llega al solio presidencial entre poderosos intereses corporativos

enfrentados, con disparos adjetivados, terrorismo jurídico, diatribas a

raudales y decisiones polémicas al cierre del gobierno de quien le ha

antecedido: el presidente Medina. 


El

camino del nuevo gobernante arranca lleno de espinas y el manejo más

adecuado para no sucumbir es acogerse estrictamente a la ley, ser

férreamente institucional, porque si asume un rol de “monedita de oro”

para caer bien a todo el mundo, caería en una trampa insondable.


No

esperaríamos señales de un presidente capturado por poderes fácticos,

porque, de ser así, la decepción se anticipará y la gobernabilidad sería

un fiasco.  Necesitamos que entes de moderación y creíbles ejecuten una

influencia positiva para hallar soluciones con sentido de nación,

basadas en el bien común, en la necesidad de preservar las instituciones

y el imperio de la ley.  Estamos ante una crisis de múltiples capas y

dimensiones. El país requiere de todos.