Los ecos de los trabajos de autores como Polanyi y Keynes vuelven a los analistas contemporáneos. Así, al igual que tras la crisis financiera de 2007-2009, están prevaleciendo intereses privados y grupos de presión de las "grandes empresas".

La idea básica de esta expresión es que en el Occidente actual el Estado de Bienestar no funciona solo como una especie de socialismo para los más pobres, sino que, por el contrario, funciona como una especie de socialismo para los más ricos, por medio de mecanismos que privatizan las ganancias de las grandes empresas y socializan sus pérdidas, a través de mecanismos como: exoneraciones impositivas, uso de paraísos fiscales, subsidios, salvatajes, etc, y más recientemente el Fideicomiso.

El actual Socialismo Corporativo, una alianza entre las grandes empresas y el Gran Gobierno, fue pronosticado hace más de un siglo por el historiador ingles Hilaire Belloc en un libro sorprendente: El Estado Servil. La tesis de este libro es que la sociedad industrial que conocemos tiende al restablecimiento de la esclavitud. La nueva esclavitud estaría determinada por el trabajo legalmente obligatorio.

A partir de la década de 1970, la aceleración inflacionaria y el retorno del desempleo posibilitaron que la retórica neoliberal se volviese atractiva en el mundo occidental desarrollado. Desde finales de la década de 1940, intelectuales como von Mises, Hayek y Friedman venían criticando la visión keynesiana. Argumentaron que la intervención estatal solo produciría ineficiencia e inflación, que parecía ser el caso en la década de 1970. Desde entonces, las reformas estructurales antiestatales han debilitado las redes de protección social. Juntamente con el debilitamiento de los sindicatos, el relajamiento de la regulación financiera y la adopción de reformas tributarias regresivas significaron que los ingresos de trabajadores se estancaran y los del capital se disparen. Como Thomas Piketty nos muestra en su exhaustiva investigación y lo admite el gurú fundamentalista de las finanzas Warren Buffett, los ricos ganaron la guerra de clases.

Al igual que los eventos traumáticos del siglo XX, la crisis financiera de 2007-2009, los conflictos entre Estados Unidos y China y la pandemia de Covid-19 son eventos contemporáneos que tienen el potencial de producir nuevos arreglos institucionales y de políticas públicas. Todos ellos revelan los límites que enfrenta la reproducción de la vida social cuando la mercantilización se vuelve excesiva y la capacidad del Estado existente para actuar es muy limitada. Los ecos de los trabajos de autores como Polanyi y Keynes vuelven a los analistas contemporáneos. Así, al igual que tras la crisis financiera de 2007-2009, están prevaleciendo intereses privados y grupos de presión de las "grandes empresas".

En nuestra, mal llamada, República Bananera la oligarquía empresarial pretende una nueva victoria sobre el resto de la población y para esto cuenta con la mano del Gran Gobierno del Cambio, el del PRM y de Luis Abinader, que entiende que en su equipo de gobierno y en su partido (El PRM), no hay personas con la capacidad de administrar con eficiencia y transparencia, para alcanzar resultados que beneficien al país y a la sociedad; por lo que han pasado a tratar de utilizar un subterfugio, halado por los moños y sin un adecuado marco legal, llamado Fideicomiso, para entregar Los Activos de Punta Catalina a manos del empresariado dominicano, con la intención de que éste lo usufructúe por 30 años (periodo de vida útil de la planta), en su propio beneficio económico, para lo cual el Estado les ayudará, aportando el capital de trabajo (US$1 Millón y RD$100 Millones) y si por alguna razón no les va bien, el Estado será el responsable de pagar cualquier deuda.

Sin dudas, en los países en vía de desarrollo y en nuestra Latinoamérica, la clase política tiene su reputación en tela de juicio, porque a pesar de que tienen el deber y la vocación de servir a la sociedad, muchos han llegado al poder a servirse a sí mismos y esto es reprochable; pero, gracias a Dios, los que lo hacen, necesitan violar procedimientos y leyes creadas para impedirlo y pueden ser sometidos a la acción de la justicia. En cambio, los empresarios no tienen su reputación en entredicho, pues su único objetivo y vocación está claro, el beneficio propio, por ende, cuando los políticos permitimos que se regalen, presten, privaticen o den en administración los bienes del Estado y muy especialmente los beneficios que son de todos, lo hacen de espalda y en perjuicio del pueblo que los eligió.

Mal haría la clase política y la sociedad dominicana en permitir que un Gobierno Servil a los intereses particulares y empresariales, seda, en beneficio de terceros, las responsabilidades del Gobierno y los beneficios de todos.