La designación de un nuevo ministro que no ha sido un dirigente político y con una reconocida trayectoria como educador, y experiencia anterior en la institución.

 

Desde hace tiempo muchos sospechábamos que la lucha por el cumplimiento de la asignación del 4% del PIB a la educación no había obtenido los resultados esperados, y todos los datos que se han ido revelando y los que quedan por descubrirse así lo confirman, y es que la parte más fácil era lograr la asignación de los recursos, el mayor desafío es que estos sean administrados de forma transparente, racional y efectiva, midiendo sus resultados para garantizar que mayores recursos se traduzcan en mejorías objetivas.

Si resumiéramos los resultados de casi 10 años transcurridos desde que en el 2013 iniciara la transferencia de este porcentaje, básicamente la asignación de mayores recursos ha servido para dar más poderes al gremio de profesores, la ADP, que ha concentrado sus esfuerzos en obtener mejorías salariales para sus miembros haciendo uso del mecanismo de la huelga con poca preocupación por la cantidad y la calidad de las horas de clases impartidas a los estudiantes, como se puso de manifiesto con su inusitada resistencia al retorno a las aulas luego de la primera etapa de la pandemia, para convertir a los ministros en candidatos o aspirantes presidenciales gracias al poder que se deriva del manejo del mayor presupuesto del Estado por la entidad que más empleados tiene y más contrataciones realiza, y para que se hayan construido escuelas, las cuales según ha quedado más que evidenciado se realizaron sin debida planificación y en condiciones que dieron lugar a corrupción, a extorsiones que hasta suicidios provocaron y a tráfico de influencias mediante el cual se benefició a acólitos de las autoridades de turno en la compra de terrenos, muchos de los cuales no eran aptos.

El resultado ha sido una larga lista de construcciones inconclusas por distintos entuertos, algunas de las cuales parece no podrán ser concluidas, adendas a contratos de imposible ejecución por exceder el limite de 25% de aumento de los montos adjudicados que necesitaron de la aprobación de una ley especial para poder salir de la encrucijada y recurrentes denuncias respecto de las licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Educación, sobre todo recientemente pues hay una actitud distinta respecto al tratamiento de las contrataciones públicas que ha alentado a muchos a denunciar, lo que algunos antes no se atrevían a hacer, o entendían inútil.

Ante este panorama la sociedad no puede simplemente seguir siendo feroz guardiana de la provisión de los cuantiosos recursos del 4% del PIB, y tiene que dar un paso más allá, analizando los resultados de esta conquista, cuestionando lo que está mal y reclamando los correctivos de lugar, reflexionando sobre lo que significa el crecimiento de este porcentaje atado al PIB y repensando de qué forma sería racional ajustarlo, exigiendo que se discuta y apruebe un plan de reforma educativa enfocado en mejorar la calidad del sistema, la cual se ha visto agravada por la pandemia, pues como señalan algunos estudios en Latinoamérica se perdieran en promedio 11,7 meses de clases, más del doble que en Europa y Estados Unidos y nada estamos haciendo para remediarlo,  pues los limitados compromisos del Pacto suscrito en el año 2014 son más bien un catálogo de buenas voluntades ya que estuvieron demasiado influenciados por la ADP, cuyos dirigentes eran miembros importantes de la dirección del entonces partido oficial.

La designación de un nuevo ministro que no ha sido un dirigente político y con una reconocida trayectoria como educador, y experiencia anterior en la institución, así como de viceministros de altas credenciales profesionales y morales deberían ser la ocasión propicia para este cambio de actitud en la lucha ciudadana, para que con la misma firmeza con que se reclamó la asignación del 4% a la educación y se defiende su cabal cumplimiento, se exija que sea evaluado su uso hasta al momento, y que sea planificado adecuadamente hacia futuro, definiendo un plan de ruta hacia la excelencia que se mida en base a cumplimiento de objetivos, de forma que podamos lograr elevar la baja calidad de nuestro sistema educativo, lo que no se conseguirá solo con dinero, como ha quedado harto demostrado.