La "Red Nacional por la Defensa de la Soberanía" ha llevado a una imprenta un arte caricaturesco y difamador contra Huchi Lora y Juan Bolívar Díaz para hacer 3 millones de volantes que según ellos, se distribuirían desde un avión.

El trabajo, que fue cotizado en RD$390,000.00 (trescientos noventa mil pesos) fue desestimado por el dueño de esa imprenta - que sabe que hacerlo es delito- pero los agraviados pudieron obtener el arte de lo que se iba a imprimir y la factura a nombre de quienes pagarían el trabajo.

Uno de estos es la Fundación por la Soberanía, FUNSOBE, de la cual Manuel Núñez, uno de los coordinadores de la Red,  es miembro fundador. Es difícil imaginar que una persona que ha ido tan lejos a estudiar, que ha ganado incluso el Premio Nacional de Ensayo por una sesuda tesis,  termine haciendo dibujitos donde le atribuye a periodistas como Huchi y Juan Bolívar decir cosas que nunca han dicho ni dirán.

Puesta la querella, será en la Fiscalía donde se investigue quién exactamente planificó una tirada de 3 millones de volantes con esos dibujitos para regarlos desde el aire y engañar a todo un pueblo para que crea que Huchi y Juan Bolívar han dicho lo que los dibujitos expresan de manera falsa.

Mientras eso se averigua a fondo, estoy orgullosa de estos dos periodistas y de la solidez de sus planteamientos, pues con tantos conocimientos y bagaje intelectual  en contra, no ha habido forma de rebatirles. Da gusto ver la espléndida fuerza que tiene la razón.

Como otros periodistas entre los que me incluyo,  Huchi y Juan Bolívar han estado explicando que la sentencia 168-13 del TC tiene muy poco que ver con el control migratorio y la porosidad interesada de la frontera. Es una sentencia hecha para castigar cuatro generaciones descendientes de braceros que trajo este país a través de contratos de estado a estado con Haití, acuerdos que no aguantan mucha ventilación sin correr el riesgo de caer en la denominación de trata de personas.

Para que se hagan una idea, en una publicación del año 2000 hecha por Cancillería, titulada "Acuerdos bilaterales entre RD y Haití" se omiten los contratos del 1954, de 1959 y de 1966. Como dice Pastor Vásquez en su libro "Éxodo", esas omisiones no son inocentes.

Y es que nadie parece estar orgulloso de esos contratos, sin embargo, irónicamente, han sido los protagonistas de los mismos  quienes han creado la teoría de "la invasión". Hoy, sus herederos políticos denuncian una crisis de identidad que en realidad tienen ellos, pues estando al lado de los que históricamente trajeron masivamente haitianos, detestan a los haitianos.

Con esa triste actitud, gente que no llena un salón de hotel  consigue adeptos para manifestarse a favor de la soberanía, sabiendo como saben que la misma se diluye cada hora del día en la frontera, donde un guardia pobre por tres mil pesos deja pasar un elefante, si se ofrece.

La sentencia que se discute pretende legalizar el despojo arbitrario de documentos que desde hace cinco años ejecuta la Junta Central Electoral contra descendientes de haitianos nacidos aquí antes de 2010.

El ataque a periodistas y juristas que han puesto en evidencia todo esto, aunque ha sido feroz, sirve de muy poco. Nadie aquí nadie tiene entre sus planes callarse.

En cambio, sí debemos denunciar y actuar de inmediato contra manifestaciones de odio, porque son acciones peligrosas que incitan a desenlaces muy serios. Lo hemos visto ya muchas veces en la historia de la humanidad, incluyendo el asesinato de Lucrecia Pérez, una dominicana de Vicente Noble que se fue a España a trabajar como doméstica, muerta a balazos por cuatro ultraderechistas luego de toda una campaña contra los inmigrantes dominicanos. "No queremos negros; que se vayan de aquí" decían los letreros que exacerbaron los impulsos criminales de los neo-nazis en Madrid.

Dado que aquí la "Red Nacional por la Defensa de la Soberanía" llama "traidores" a personas como Huchi y Juan Bolívar y en sus manifestaciones piden a coro "muerte" para ellos, no podíamos guardarnos la información de los volantes tranquilamente.

La querella ante la Fiscalía es la vía para que sepamos quién es capaz de desprenderse de 390 mil pesos, más lo que cuesta el avión,  para prender esa mecha