Si toda la legislación y reglamento del Ministerio Público se aplicara y cumpliera, quizás tendríamos mejor Policía.

Digo y reitero que apoyo y admiro el empeño del presidente Abinader por combatir la impunidad y reformar la Policía, que requiere enorme voluntad política para hacerlo bien. Sin embargo, hay obviedades que escapan al torrente de opinión pública, dirigido mayormente a “cómo arreglar” la Policía.

Comentaba Carmen Imbert Brugal que el desafío es ir más allá de esa gris institución. La sociedad quizás no reclama aún la necesidad de enfrentar la violencia –no solo policial— que “descuartiza, quema, acosa, mutila y convierte escuela, iglesia y familia en centros de terror e inseguridad”. Los recientes casos de brutalidad policial y asesinatos revelan un gran ausente en el terreno y el debate: el Ministerio Público. Es constitucionalmente el encargado de la política criminal.

Si toda la legislación y reglamento del Ministerio Público se aplicara y cumpliera, quizás tendríamos mejor Policía. Pero la “independencia”, linda para ejecutar mediante “lawfare” otros designios, mantiene a los procuradores fiscales tan ocupados que ni siquiera amagan con asumir su rol –no sólo mediáticamente— en el contexto de la reforma de la Policía.