Así como el pacto eléctrico contempla desmonte del subsidio también obliga a la reducción de los gastos corrientes, que hoy exceden los 200 millones de dólares por encima de lo que se había prometido.

Sería irresponsable limitarse a satanizar el nuevo incremento en la tarifa eléctrica que entra en vigencia este mes (el cuarto desde noviembre del año pasado), con el objeto de eliminar el peso que tiene el déficit de la industria energética sobre las finanzas públicas. Es parte del compromiso subscrito en el Pacto Eléctrico, pero es importante recordar que el asunto no consiste solamente en hundir más el cuchillo sobre los que pagan.

Las mayores pérdidas del sector se registran en dos escapes: energía servida y no pagada, y en la entropía de las pérdidas técnicas: la energía que se produce sólo para dañar el medio ambiente, porque nadie la aprovecha.

Sobre esos capítulos las noticias no son halagüeñas porque los datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hablan de un incremento de un 27% en 2019 a un 34% en 2021. No se están llevando a cabo las inversiones requeridas para conjurar esas pérdidas, y sin eso en vez de disminuir el subsidio lo que se hará será crear dos subsidiantes: el gobierno y los clientes pagadores.

Expertos como Bernardo Castellanos citan otros componentes: “Aumento de las pérdidas totales de las Edes en 28% en diciembre 2021 a 36% en marzo 2022; Aumento del déficit de flujo de caja de las Edes de 848 millones de dólares en 2020 a  1,043 millones en 2021”.

“ Negligencia, irresponsabilidad e improvisación en la compra de carbón de Punta Catalina que ha representado un sobre costo al Estado y a la sociedad, que supera los 200 millones de dólares en un año”.

“Empleomanía en las distribuidoras más de cuatro veces por encima de lo que el estudio de tarifa técnica del 2016, de la empresa chilena INECON, que recomienda 1,800 empleados para las tres Edes, y en marzo 2022 tenían alrededor de 7,600”

Así como el pacto eléctrico contempla desmonte del subsidio también obliga a la reducción de los gastos corrientes, que hoy exceden los 200 millones de dólares por encima de lo que se había prometido.

Esos datos evidencian que hay tareas que deben anteceder a la de la colocación de mayores cargas sobre los clientes que pagan, con las que no se ha estado cumpliendo, por lo que encarecer más el costo de la vida elevando la tarifa eléctrica expone a una cosecha de descontento sin compensación.

El impacto de ese aumento llega junto con otra medida que afectará a los sectores productivos: un nuevo incremento en las tasas de política monetaria del Banco Central,de 6.50% a 7.25%, el mayor que se haya producido desde el año 2009, con el consiguiente impacto en la disminución de la actividad económica.

Los comerciantes que van a pagar más de electricidad van a vender menos y los hogares que pagan, tendrán que arreglárselas pagando más por la energía que consumen, con el poder adquisitivo de sus ingresos menguados por la inflación.

En ningún análisis debemos obviar el panorama mundial que impacta negativamente en nuestra economía, pero no es suficiente para que el consumidor más sacrificado sea comprensivo. Si se le quiere involucrar hay que demostrar que se hacen los mejores esfuerzos para atravesar por la presente coyuntura protegiendo a las personas.

El dominicano sabe que lo único que conduce al progreso es la estabilidad, y aún en momentos tan críticos para el bolsillo  como los actuales apuesta a ella, pero deben ocuparse las autoridades  de demostrar la pertinencia de los sacrificios