Algunos legisladores sostienen que acuerdos que involucren a fuerzas militares extranjeras requieren un estricto control constitucional y reprochan la rapidez del Ejecutivo al autorizar estas operaciones sin agotar los procedimientos legales.
Santo Domingo.– La autorización otorgada por el Gobierno dominicano para que Estados Unidos realice operaciones logísticas en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional Las Américas, mantiene divididas las opiniones en el Congreso, donde legisladores de oposición y oficialismo sostienen posiciones encontradas sobre el alcance y la legalidad de la medida.
Mientras la oposición insiste en que cualquier uso de instalaciones militares o aeroportuarias por parte de fuerzas extranjeras debe ser aprobado por el Poder Legislativo, también cuestiona que aún no se conozca el verdadero alcance del acuerdo.
«No sabemos la magnitud de lo que el presidente ha dicho; todo ha sido verbal», advirtieron congresistas, quienes reclaman transparencia y aseguran que decisiones de este tipo deben «clarificarse ante el pueblo», especialmente en un contexto donde el Gobierno ha sido cuestionado por temas de narcotráfico.
Algunos legisladores sostienen que acuerdos que involucren a fuerzas militares extranjeras requieren un estricto control constitucional y reprochan la rapidez del Ejecutivo al autorizar estas operaciones sin agotar los procedimientos legales. También señalan que, por motivos históricos y de hermandad con otros pueblos latinoamericanos, el país no debería involucrarse en acciones de este tipo.
En contraste, legisladores aliados al Gobierno apoyan la autorización al entender que fortalece la lucha contra el narcotráfico y aseguran que se basa en un acuerdo ya ratificado que no requiere nueva aprobación. Defienden que se trata de un permiso temporal y limitado, y afirman que líderes de la oposición fueron consultados previamente.
El Gobierno confirmó que la autorización permite operaciones de reabastecimiento, transporte de equipos y movimiento de personal técnico estadounidense en áreas restringidas del AILA y San Isidro. Según las autoridades, estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe.
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